El Supremo pide al Gobierno más documentos sobre la elección de la agencia de IA

Tras la reclamación de Juntos por Granada, la Abogacía del Estado trasladó al Supremo que la asociación civil no estaba legitimada para impulsar el procedimiento y se opuso a adoptar medidas cautelares contra la resolución del Consejo de Ministros, que el pasado 5 de diciembre otorgó a La Coruña la sede de la agencia sin justificar el dictamen con tablas de puntuación a cada una de las 16 aspirantes. La inclusión del listado, en el que debe figurar Juntos por Granada -así lo defiende la plataforma- puede ser clave para determinar su legitimidad en el recurso ante el tribunal.

A la espera de determinar la legitimidad de la asociación en este procedimiento, el Supremo reclamó al Gobierno el expediente del proceso de elección de la sede. El Gobierno hizo llegar al Tribunal, y este a su vez a Juntos por Granada, un dossier con 21 documentos distribuidos en 397 páginas. Pero la representación legal de la plataforma no dio por buena la contestación del Ejecutivo y el 19 de marzo puso de manifiesto, por escrito, que ese fichero «no está completo al faltarle al menos varios documentos o partes esenciales».

En primer lugar, la asociación alegó que entre los documentos no figuraba la relación de entidades públicas y privadas que apoyaron la candidatura de Granada, lo cual, a su juicio, constituye «una omisión contraria a derecho». Este es el papel que el Supremo reclama ahora al Gobierno.

Tampoco figuran en aquel expediente remitido al Supremo los textos que acreditan la designación de los miembros integrantes de la comisión que deliberó sobre la sede mejor preparada para acoger la agencia, ni las tablas de valoración y la puntuación detallada obtenida por cada candidatura presentada. El Supremo no se pronunciará sobre estos puntos hasta que se resuelva si Juntos por Granada está legitimada o no en el procedimiento: «Ya se reclamará que se complete el expediente en el procedimiento principal».

Al margen de las dudas expuestas por Juntos por Granada, el expediente remitido por el Gobierno arroja nuevos interrogantes sobre el procedimiento por el que se determinó que La Coruña acogiera la sede de la entidad que se encargará de vigilar el buen uso de las máquinas que imitan el comportamiento humano. Según un acta que forma parte del dossier, la decisión se tomó en una reunión de veinte minutos convocada una hora antes del Consejo de Ministros en el que se determinó adjudicar a Sevilla la agencia espacial y a La Coruña la agencia de IA.

Por otro lado, el informe del Ministerio de Política Territorial que 'suspende' a Granada, se firmó el 26 de enero, 52 días después la elección y solo un día después de que el Supremo admitiera a trámite el recurso de Juntos por Granada. En ese documento, el secretario de la comisión cuestiona las conexiones aéreas de la ciudad y las ayudas a los funcionarios, pese a que ambos apartados obtuvieron la máxima puntuación en el análisis previo.

El Gobierno atribuye a un «simple error» la fecha del texto. Argumenta que ese informe formó parte de la documentación que se evaluó en la reunión del 5 de diciembre, pero se firmó de nuevo a 26 de enero cuando se incorporó al dossier remitido al Supremo.

Sobre los recursos presentados por el Ayuntamiento y la Universidad de Granada, aún no hay novedades. Las administraciones e instituciones involucradas en el proyecto acordaron que el Ayuntamiento, que fue el encargado de presentar la candidatura, debía encabezar las acciones legales para aclarar la decisión del Gobierno y revertir, llegado el caso, la elección de La Coruña. Más tarde decidieron que la UGR presentara su propio recurso ante la sala tercera del Supremo.

En paralelo sigue el proceso de Juntos por Granada, única entidad que ha pedido medidas cautelares. La semana pasada, la Junta de Andalucía instó al Ayuntamiento a dar explicaciones sobre el procedimiento legal y la posibilidad de solicitar la paralización de los trámites administrativos para poner en marcha la agencia en La Coruña.