El Supremo pide los expedientes de las obras de la trama granadina del caso Cerdán

En un nuevo auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso este medio, el magistrado Leopoldo Puente procede a «profundizar en el modo en el que dichas adjudicaciones tuvieron lugar» y requiere los expedientes a Adif y a la Dirección General de Carreteras, áreas donde se enmarcan las obras sospechosas para el departamento de investigación económica y anticorrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que está adscrita a la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada.

En un principio, de las once obras en investigación, tres de ellas están relacionadas con la trama granadina del caso Koldo, con los empresarios Daniel y Antonio F. M, hermanos bastetanos, y su cuñado Fernando M. V., cordobés de nacimiento pero afincado en la ciudad de la Alhambra.

El Supremo da un plazo máximo de quince días al ministerio para que remita los expedientes de adjudicación. La información deberá ser aportada en formato digital y debe incluir «la totalidad de los informes, estudios, dictámenes, observaciones, propuestas de redacción, sean o no preceptivas», de forma que permitan incluso identificar al funcionario que los emitió. De igual forma, pide todas las «órdenes, comunicaciones y contestaciones efectuadas por cualquier medio entre los distintos intervinientes». Igualmente deberán aportarse actas de reuniones, listado completo de las actuaciones y los responsables de las mismas.

La Guardia Civil detectó conversaciones entre Koldo García, el conseguidor de Ábalos, los hermanos bastetanos y el cuñado donde se evidenciaba que se habrían propiciado modificaciones del presupuesto a petición de los empresarios para tratar de dirigir supuestamente concursos público. Tal y como adelantó este medio, la UCO investigó concretamente las adjudicaciones de la autovía A-63 de Asturias, el tramo de la carretera entre Úbeda-Torreperogil de la A-32 y la ejecución ferroviaria entre Monforte-Lugo. Los proyectos se desarrollaron entre 2018 y 2024. El Supremo ha pedido información sobre esas tres adjudicaciones.

El último auto de la Sala Penal que instruye el caso señala directamente a la exdirectora de Adif y al exdirector de la Demarcación General de Carreteras. A juicio del instructor, del informe de la UCO del pasado 5 de junio se desprendes «indicios consistentes» respecto a que Isabel Pardo de Vera, en su calidad en ese momento de presidenta de ADIF, y Javier Herrero, en su condición entonces de Director General de Carreteras, «hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones que en el mencionado informe se refieren, asistencia al aforado José Luis Ábalos» y a su asesor Koldo García Izaguirre «para que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes», como la apertura de las ofertas, fechas o la salida a licitación. De hecho, del primer informe de la UCO se desprende que los empresarios investigados, a través del exasesor de Ábalos, se habrían aprovechado presuntamente de sus relaciones con la entonces presidenta de Adif y del Director General de Carreteras.

Los vínculos con la cúpula del Ministerio de Transportes la desarrolló con ahínco Fernando M. V., el cuñado de los bastetanos, quien, según apuntan los investigadores, se valió también supuestamente de su puesto directivo en Acciona para introducir a su familia política en la trama. Incluso habría mediado a favor de sus allegados en un contrato, el de la carretera A-32 de Úbeda, que recayó en la empresa Obras Públicas y Regadíos, donde sus cuñados ostentaban cargos de responsabilidad. Además, durante los registros del pasado 10 de junio, donde los agentes de la UCO entraron en el domicilio del empresario en Huétor Vega, que es también la sede social de la empresa (Mer Construcción) que constituyó tras ser despedido de Acciona, se encontró documentación sobre contratos auxiliares que recibió por parte de sus cuñados en la obra de la autovía jienense.

Según consta también en los informes de la UCO, otro de los empresarios granadinos, Antonio F.M, que fue exasesor de la Delegación del Gobierno en Andalucía y además de estar relacionado con OPR tenía un puesto directivo en la constructora Pérez Jiménez, solicitó cita con Isabel Pardo de Vera. El motivo de la reunión «habría sido presentar a la empresa a la nueva presidenta de Adif, así como planificar futuras obras a licitación». El magistrado ha otorgado la calidad de investigado a los 'cuñados'. Leopoldo Puente señala que estas personas en «su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de éstas obras públicas a cambio de precio». Estos empresarios, «siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que se encuentra el proceso», pudieran haber participado en la realización de pagos que, en parte, habría podido recibir la persona aforada, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y «la conducta de aquellos aparecería también indisociablemente unida a la de éste, debiendo quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial».

El juez ha acordado también recopilar la información bancaria desde 2014 con relación a las cuentas o productos a nombre de los empresarios, así como todos los movimientos superiores a 300 euros.