Sindicatos denuncian que no se cuenta con profesores y familias para la reordenación de colegios en Granada

De igual modo, explican que no hay canales de participación con los representantes del profesorado para tomar estas decisiones de forma consensuada. Por todo esto exigen que, antes de llevar a cabo ninguna medida, se aclare esta realidad con los sindicatos y las familias afectadas para que «no se vulneren los derechos de los niños y el profesorado» y se lleve a cabo un estudio detallado de los 51 centros afectados para realizar los cambios con todas las garantías necesarias.

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«Es verdad que esta situación estaba pensada como una medida transitoria y exige una solución, pero la forma en la que lo ha hecho la delegación no nos parece adecuada porque no ha contado con un estudio previo ni ha permitido la participación de los agentes implicados», explica Mercedes González, secretaria general de CC OO Enseñanza.

La Junta esgrimió que este cambio que supone la eliminación de las clase de la ESO en los 51 centros educativos que aún la mantienen y que supondría que unos 700 alumnos tuvieran que trasladarse a institutos cercanos, se debe a que su permanencia es una ilegalidad. Según explicó el delegado, desde que la Logse entró en vigor en los año 90, los colegios dejaron de poder ofertar hasta octavos de EGB –que equivaldría al actual segundo de la ESO- para que la Secundaria se estudiara en institutos. Pero los sindicatos niegan las palabras del delegado. «La existencia de estos centros no es ilegal. Se ha mantenido de manera transitoria hasta que se hiciera todo el cambio y ha durado más tiempo del que debía, pero no es ilegal porque está amparado en esta transitoriedad que en ningún momento se dice cuándo debe durar. Puede ser considerado una irregularidad, pero no es ilegal», explican los sindicatos.

Además, el delegado explicó que estos cambios también se debían realizar porque en estos colegios no se cuenta con profesorado preparado para Secundaria, sino que son maestros de Primaria sin las competencias necesarias para la ESO. «Los profesores de la provincia son grandes profesionales que están preparados para estas clases y que, legalmente, pueden dar las áreas que dan en Secundaria. No puede decir que haya bajo rendimiento, porque están preparados para dar clases como harían en los institutos», añaden los representantes sindicales.

Todos ellos aseguran que no están en contra de que se organice adecuadamente estos centros, pero reclaman que se haga con consenso y garantizando los derechos de profesores y alumnos, así que no suponga una merma de recurso ni unidades en las zonas rurales, que son las principales afectadas. Como posible medida para solventar esta situación exponen la creación de institutos o colegios con todos los curso de Secundaria cerca de los pueblos afectados para que acojan a todos los alumnos de Secundaria de estos centros. «Lo que queremos es que no les afecte a los alumnos ni a los profesores. Y si no se garantiza, no descartamos todas las medidas que sean necesarias y realizas las movilidades que hagan falta», inciden.