Las siete acusadas de gestionar un burdel en Granada se libran de la cárcel

El juicio se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Granada desde este lunes hasta el viernes. Hoy era el turno de las siete acusadas, pero finalmente no han llegado a declarar, puesto que se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía. El juez ha condenado a las siete procesadas por dos delitos de prostitución y a seis de ellas por un delito contra la salud pública, ya que en el burdel se halló droga y se comprobó que «se vendía cocaína a los clientes», según recoge el escrito de acusación. Todas ellas se han beneficiado del atenuante de reparación del daño. Las partes han anunciado que no recurrirán el fallo, por lo que la condena, que ha sido leída en voz alta, sería firme.

Por los delitos de prostitución han sido condenadas a dos años de prisión y al pago de una multa. A todas ellas, menos una, se les añade un delito contra la salud pública, por el cual han sido condenadas a un año y seis meses y a otra multa. Asimismo, se añade el pago de 14.000 euros con carácter previo por responsabilidad civil, así como el decomiso de las sustancias estupefacientes y bienes intervenidos.

Para evitar su entrada en la cárcel deberán abonar en total cerca de 6.000 euros en un plazo de 18 meses, a excepción de una de ellas, que pagará 669 euros menos correspondientes al delito contra la salud pública por el que no ha sido condenada. Durante cuatro años no podrán cometer ningún delito ni acercarse o comunicarse con las víctimas.

Las ahora condenadas tienen entre 60 y 32 años; algunas son de nacionalidad brasileña y colombiana y todas ellas españolas por naturalización o residencia legal, salvo una, en situación irregular.

Según recoge la fiscal en el escrito de acusación, dos de las condenadas eran las responsables de regentar el negocio en un inmueble ubicado en el barrio de Doctores, en Granada, y anunciado en una página web, con la finalidad «de lucrarse con la prostitución ajena». Estaba alquilado «por importe de 1.300 euros mensuales y acondicionado para esta actividad, convirtiendo todas las habitaciones en dormitorios para el ejercicio de la prostitución menos una, en la que alojaba a las mujeres en literas».

Otras cinco procesadas eran las encargadas «del negocio por turnos de 12 horas entre semana y otros dos turnos los fines de semana», presentando las mujeres a los clientes y de realizar «los cobros de los servicios, amén de otras funciones propias de esta actividada».

Según relata el ministerio público, en el inmueble también «se vendía cocaína a los clientes, sustancia que era ofrecida por las mujeres que ejercían la prostitución por orden de las acusadas, quienes recaudaban directamente el dinero de la venta».

Las víctimas habían «consentido en esta actividad debido a su condición de extranjeras, su precaria situación económica en España, tener obligaciones familiares en sus países de origen y carecer de soporte familiar o social en Granada».

Estas circunstancias habrían sido aprovechadas por las acusadas para «imponerles condiciones de trabajo abusivas», obligándoles supuestamente a «fotografiarse desnudas y en poses provocativas para subir las fotos a la web».

«Tenían que vivir y pernoctar en la casa, donde dormían en literas, y estar disponibles las 24 horas al día para acudir al salón a cualquier hora para hacer la pasarela», que era «una exhibición ante el cliente para su elección, situación que se daba especialmente en las horas de descanso».

Asimismo, «solo podían salir dos horas al día para las compras de comida y aseo, siempre antes de las 19.00 horas y dentro de una zona delimitada para poder volver inmediatamente en caso de que llegara un cliente». Percibían «el 60% del precio de los servicios que prestaban, que eran para 15, 20, 30 y 60 minutos, 30, 40, 50 y cien euros respectivamente».

También les habían estado cobrando «30 euros por la estancia, simulando un contrato de subarriendo de habitación con el que se pretendía simular la actividad que realizaban en caso de intervención policial» y les podían multar «con 50 euros en caso de que su comportamiento no fuera del agrado de las acusadas».