Una sentencia del Supremo abre la vía para revisar más de 9.000 desahucios

De las 9.048 dictados de ejecución hipotecaria que salieron entre 2008 y marzo de 2013 de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Granada, tres de cada cuatro (6.871, el 75,9%) culminaron en una orden de lanzamiento, esto es, de recuperación a la fuerza de la finca o el inmueble afectado por el proceso. De estos 6.871, algo más de dos de cada tres (4.406, el 64,1%) tuvieron un resultado de 'cumplimiento positivo'. Es decir, se saldaron de forma efectiva con un desahucio. Esto supone que en este lapso de tiempo, el número de lanzamientos al día superó los dos en promedio. Además, los datos revelan que prácticamente la mitad (el 48,7%) de todos los procesos de ejecución hipotecaria en Granada acabaron resolviéndose con un desahucio que se produjo de manera efectiva.

La gran novedad que incluye esta sentencia del Alto Tribunal, firmada el 27 de septiembre, es que anula el principio de cosa juzgada, que impide que la Justicia pueda estudiar un mismo asunto dos veces por razones idénticas. Hasta que en marzo de 2013 un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que la ley española no se ajustaba a los estándares de protección de los derechos del consumidor, un juez español no podía frenar un procedimiento de ejecución hipotecaria ordenado por una entidad bancaria aunque hubiese detectado la existencia de condiciones abusivas, como las cláusulas suelo. Una vez dictada esta sentencia, se daba luz verde a la judicatura para que pudiese ordenar paralizaciones cuando esto se produjese, con la salvedad de que esto sólo se podría aplicar a las hipotecas que estuviesen activas en ese momento, así como a todas las sujetas a un proceso judicial pendiente de resolución.

El TJUE, eso sí, no se pronunciaba sobre qué iba a ocurrir con aquellos casos que ya hubiesen sido juzgados, a los que se aplica el citado principio de cosa juzgada. Ahí entra el trabajo del Tribunal Supremo, que ha dictaminado que estos también se abren a revisión porque los jueces no tenían capacidad de hacerlo de oficio ni siquiera en el caso de que existieran condiciones que se consideraran perjudiciales para las personas deudoras de los contratos hipotecarios.

En algunos casos, los demandantes podrían llegar incluso a obtener un beneficio económico de este proceso de revisión, ya que será posible reclamar daños y perjuicios a la entidad que hubiese puesto cláusulas abusivas en el contrato. Así pues, este dictamen del Tribunal Supremo abre la puerta a que un importante número de afectados por estos procesos en la provincia abran una nueva vía legal en sus casos.