Primera sentencia en Granada que clausura pisos turísticos por molestias vecinales

IDEAL ha tenido acceso a la resolución. Está fechada el 18 de septiembre y estima «totalmente» la demanda interpuesta por la comunidad de propietarios del céntrico edificio frente al dueño de los dos pisos objeto de este tipo de explotación. Y lo hace al considerar que el uso del alojamiento turístico al que se destinan los dos inmuebles en cuestión -4º A y 4º C- «conlleva una actividad molesta y perjudicial».

El fallo, que firma la jueza María José Rivas Velasco, condena así al dueño de las dos viviendas a «cesar de manera inmediata y definitiva en las molestias que ocasionan, cesando en la actividad de uso de las citadas viviendas como turístico».

El asunto acabó en los juzgados porque los vecinos soportaban, desde hace unos dos años, «una actividad molesta, no autorizada por la comunidad y -según alegaban- perjudicial» para ellos. Pedían no solo que cesaran las molestias, sino que se privara al propietario del derecho de uso de ambas viviendas como pisos turísticos de manera indefinida. Asimismo, reclamaban que el dueño de los inmuebles fuese condenado en costas, un extremo igualmente acordado por la jueza.

Las molestias comenzaron a finales de mayo de 2016 y ya habían motivado que la comunidad de propietarios reaccionase en contra, pues ese uso nunca había sido aceptado por los demás moradores del bloque. Los vecinos se quejaban de ruidos, gritos, escándalos, música alta, ajetreo de personas a altas horas de la madrugada, e incluso «altercados». Y es que, según sostenían, los arrendadores de los dos inmuebles protagonizaban conductas poco cívicas, «haciendo de los espacios comunes del edificio su particular vertedero y causando destrozos en elemento comunes del inmueble».

Al final, hubo una junta extraordinaria para atajar el problema y los moradores acordaron la adopción de medidas legales: la demanda que ha dado lugar a esta sentencia. Y es que el uso «excesivo» de las instalaciones comunes por parte de los huéspedes les generaba una sensación de «inseguridad» inevitable. Basta con pensar en la cantidad de personas que han tenido en sus bolsillos las llaves del portal desde que comenzó la explotación turística de ambos inmuebles.

Asimismo, los vecinos aseguraban que los inquilinos llegaron a usar «en una fiesta de despedida» la portería «como bar de copas» , así como que en otra ocasión, en febrero de 2016, hubo que llamar a la Policía por otra fiesta de madrugada que organizaron unos extranjeros.

Por su parte, la propietaria de los pisos, que estaban siendo gestionados por una empresa, defendía su derecho a explotar ambas viviendas, ya que había inscrito en el registro de turismo de Andalucía su uso como pisos turísticos. Negaba que su actividad fuera ilícita y que en los inmuebles se llevaran a cabo actividades molestas o perniciosas. Alegaba que en el bloque existían también otras viviendas destinadas al arrendamiento de temporada o a pisos turísticos, sin que sus dueños hubieran sido demandados como ella. Rechazaba igualmente que sus inquilinos ocasionaran destrozos o molestias sistemáticamente, pues sus huéspedes eran turistas que pasan todo el día fuera y que sólo acuden por la noche para dormir.

La jueza subraya que la actividad desarrollada en ambos cuartos «no se encuentra expresamente prohibida en los Estatuto de la comunidad», al tiempo que recuerda que la normativa andaluza que afecta a los establecimientos de apartamentos turísticos y a las viviendas con iguales fines regula «una actividad lucrativa exclusivamente en su carácter público y sometida a la regulación que la administración establece». Pero no afecta a relaciones «de derecho privado», como serían estas: entre vecinos, entre comuneros.

En este orden de cosas, la sentencia establece que la clave de este caso está en determinar si la actividad de hospedaje en los dos pisos de la vecina demandada se puede considera una actividad insalubre, molesta o nociva. Así, la jueza, tras revisar otras sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Audiencia Provincial de Salamanca, inclina la balanza a favor de la comunidad de propietarios.

En su opinión, que por las zonas comunes del edifico hayan desfilado 800 personas distintas en dos años «evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias». Tal trasiego de huéspedes hace que la probabilidad de que se produzcan «daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios» sea «alta». Asimismo, acepta que ese uso continuo por desconocidos de los espacios comunes del edificio entraña un riesgo «al obligar a los comuneros a acceder a un espacio cerrado con desconocidos como paso inexorable para acceder a sus viviendas».

Por todo ello, declara la actividad de ambos pisos «molesta y perjudicial», si bien el fallo puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada.