El Senado acelera para abordar la nueva Agencia de Salud Pública

Después de que la normativa saliera adelante en la comisión de Sanidad el mes pasado con el respaldo del PSOE y la mayoría de sus socios salvo Junts, que unió sus votos a los de PP y Vox para rechazar el texto, la atención estaba puesta en lo que sucediera en la Cámara Alta. Fuentes consultadas por IDEAL explicaron entonces que dos eran las posibilidades que se abrían para la legislación, dejar que siguiera su camino con normalidad y fuera abordado por el plenario en septiembre o acelerar su tramitación y abordarla en una sesión especial antes de las vacaciones.

La última opción, como aseguran desde el PP, es la que finalmente se ha impuesto y eso es lo que se trasladará a los portavoces este viernes, cuando se reunirán para fijar el calendario de tramitación. Salvo sorpresa, el recorrido de la ley ya se conoce. Se espera que los populares usen la mayoría que ostentan en la cámara para tumbar la ley, contra la que se pronunciaron en marzo pasado en el Congreso y de nuevo en junio cuando fue aprobada en la comisión de Sanidad.

Los populares consideran necesario el órgano, que formaba parte de su programa electoral. Sin embargo, no ven con buenos ojos la carencia de presupuesto con la que nace el ente y sospechan sobre su futura independencia ante los rumores que surgieron en marzo pasado de que la dirección ya tenía nombre y apellidos antes siquiera de su validación. La situación actual del Gobierno, sumido en una graves crisis por la investigación del caso Koldo que afecta a importantes figuras del PSOE, tampoco ayuda a acercar posturas, como reconocen desde las filas populares.

Si finalmente se impone esta visión, el más que probable veto del Senado no tiene por qué significar el final del camino para la Agencia de Salud Pública. El Gobierno aún tiene la oportunidad de esquivar el dictamen negativo del Senado en el Congreso, aunque para eso deberá conseguir tener una mayoría de votos que en estos momentos no tiene. Todo pasa por lo que haga Junts, que ya durante el proceso de elaboración del texto insistió en plantear un ente que no disminuya un ápice las competencias en materia de sanidad que ahora ostentan las comunidades autónomas.

La negociación con la fuerza independentista puede ser especialmente relevante para Granada, que aspira a ser sede de un órgano que también pretende Barcelona, además de Zaragoza y Oviedo. La Ciudad Condal, que fue de las últimas en levantar la mano para postularse, es contemplada por los especialistas como la máxima rival de la ciudad nazarí tanto por la gran red de centros especializados en salud pública con la que cuenta como por la potencia académica de sus universidades y la fuerte implantación de empresas sanitarias, aspectos en los que coincide con Granada.

En las últimas semanas, las administraciones granadinas han vuelto a insistir en la importancia de que el proceso de selección sea «transparente». Quieren evitar que se repita lo sucedido con la Agencia de IA, que el Ejecutivo adjudicó a dedo a La Coruña a pesar de que la propuesta granadina era mejor.