Seis meses de vigilancia policial para destapar la presunta estafa de verduras ecológicas falsas en Motril

En la operación policial, los agentes han detenido a cuatro personas –tres de una empresa hortofrutícola– y mantienen como investigadas a otras 16 por delitos de estafa agravada, falsedad documental, falsedad de certificado, uso de certificados falsos, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y de pertenencia a grupo criminal, según destacó el Instituto Armado en un comunicado difundido ayer

Hasta llegar a este punto, los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Granada han llevado a cabo un arduo trabajo policial.

Los agentes han efectuado intensas vigilancias en las que han comprobado, de primera mano, cómo y dónde recogía la fruta y verdura la empresa investigada. En esas observaciones pudieron comprobar que veintidós de los recintos –grandes parcelas– en las que recogían las hortofrutícolas no contaban con el registro pertinente. Algunas estaban inscritas solo para agricultura convencional y otras no constaban en ninguno de los registros, por lo que no deberían venderse como ecológicas.

Además de esto, y según fuentes de la investigación, en ese seguimiento a la actividad detectaron también que había discrepancias entre la cantidad de producto que entraba y la que salía de la empresa.

Los guardias también inspeccionaron en cuatro ocasiones, acompañados por trabajadores de la Consejería de Agricultura, las dependencias de la empresa. Allí observaron que, pese a que recogían fruta ecológica y otra que no lo era, no había dos lineales separados para tratarla, como especifica la normativa. Tampoco había un registro claro de los movimientos de los productos recogidos. Durante los seis meses que han durado las vigilancias, han constatado que, supuestamente, se han vendido dos millones de kilos de hortofrutícolas convencionales como si fueran ecológicos, lo que de media ha triplicado su valor de forma presuntamente fraudulenta, según los cálculos del Seprona.

Además de mezclar los productos de diferentes procedencias, el entramado, ubicado en Motril, se dedicaba de «manera sistemática» a «falsificar» los certificados de producción y venta que deben emitir las entidades de control de producción ecológica sobre la trazabilidad de estas frutas y verduras, según la Guardia Civil. Entre los investigados se encuentran, de hecho, personas de las empresas certificadoras que deben garantizar que se cumplen los requisitos de agricultura ecológica. Los investigadores apuntan a que había partidas de productos que fueron devueltas en sus destinos, porque no pasaron los controles, al detectarse rastro de fitosanitarios no permitidos.

Esta operación de la Guardia Civil ha contado desde su inicio con la colaboración de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, tanto con la participación de técnicos de la Delegación Territorial en Granada, como de Servicios Centrales, que han intervenido con asesoramiento directo en la materia.

La presunta estafa se detecta en una de las inspecciones que se realizan a las instalaciones de una empresa y se enmarcan en la operación Opson XI de la Guardia Civil, que tiene como objetivo luchar contra la producción y tráfico de alimentos falsificados y el fraude económico.

Actualmente, la empresa está funcionando. Según han confirmado fuentes de la Junta, ante las evidencias de irregularidades, la empresa perdió su certificación de ecológico. «En ese momento se le suspende de toda actividad y se incoan expedientes sancionadores», señalan fuentes de Agricultura. Semanas después, «se levanta el cierre por parte del juzgado y continúan produciendo solo en modo convencional hasta tomar las medidas correctoras para poder seguir trabajando en ecológico», confirma la Junta. La causa se investiga en el juzgado de Instrucción número 3 de Motril. En este tiempo se les ha sancionado por no cumplir los requisitos ecológicos.