Seis detenidos en una operación contra la venta de empadronamientos en Granada

Las investigaciones se iniciaron a raíz de que en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno en Granada se detectara un número elevado de solicitudes de autorización de residencia por circunstancias excepcionales.

Muchos de los solicitantes que acreditaban su residencia en la capital o en alguna población de la provincia fijaban su supuesta residencia en la misma vivienda.

Las pesquisas policiales determinaron que la gran mayoría de los empadronamientos se habían hecho al amparo de contratos de arrendamiento falsos.

Bien porque los datos del propietario-arrendador eran falsos o porque ciudadanos extranjeros residentes en España en connivencia con los dueños de las viviendas hacían un contrato de alquiler simulado y autorizaban el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en situación irregular, futuros solicitantes de autorización de residencia a quienes cobraban unos 500 euros por esos trámites.

Según la Policía, se ha llegado a arrendar hasta seis viviendas por una misma persona, de nacionalidad española, en las que llegó a empadronar a 120 personas.

Asimismo, otros miembros de la organización han empadronado en los municipios granadinos de Santa Fe, Alhedín, Otura, Monachil, La Zubia, Íllora, Vaderrubio, Cijuela, Armilla o Atarfe con el uso del mismo procedimiento, hasta una suma total de 306 empadronamientos fraudulentos por los mediaba compensación económica y que se conocen como «pisos patera».

La operación ha culminado con la detención de seis personas en Granada, Alhendín y Santa Fe y, en el registro de uno de los presuntos implicados, se ha encontrado numerosa documentación con relación con la comisión de los delitos investigados, con el decomiso además de 5.950 euros en billetes de 50.

Además de la investigación policial y judicial, se han iniciado expedientes sancionadores a propietarios y arrendatarios de las viviendas que han consentido los empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros.

La Ley de Extranjería contempla estas como infracciones graves y muy graves, castigadas con multas que van desde los 501 a 10.000 euros y los 10.001 a los 100.000 por cada empadronamiento.