«Seguridad jurídica» para evitar que la justicia tumbe de la zona de bajas emisiones como en Madrid

La formación, que fue la que impulsó el recurso que originó la sentencia de Madrid, insistió en la necesidad de que Granada tenga en cuenta las «importantes consecuencias que tendrá la medida en el terreno de la economía» y volvió a pedir que se lleve a cabo un estudio que analice el posible impacto de lo que llamó «una imposición que restringe la libertad de movimiento».

La portavoz del grupo, Beatriz Sánchez, reiteró que Vox «seguirá defendiendo con uñas y dientes de los delirios climáticos que complican la existencia» y criticó la «criminalización por el simple hecho de moverse en coche». «Frente a las imposiciones de PP y PSOE, defendemos el derecho a usar los coches libremente», dijo.

Preguntada por este asunto, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, llamó a la calma y confirmó que la ciudad tiene ya licitado un informe de impacto económico como el que el tribunal ha echado en falta en Madrid. La regidora aclaró que el modelo seguido hasta ahora por su equipo de gobierno «se basa en la seguridad jurídica, algo que consideramos muy importante, y en una clara planificación». En este contexto, recordó la labor realizada para actualizar 14 ordenanzas vinculadas a la movilidad con el objeto de que el marco normativo esté en línea con la zona de bajas emisiones y abogó por su revisión «bajo el planteamiento de la seguridad jurídica».