La Agencia de Salud Pública tendrá un proceso selectivo pero la decisión final será política

Lo de la Aesia fue un golpe duro, y bajo. La provincia entera se volcó en aquella meta que quién sabe si desapareció al tiempo que empezaba la carrera. Granada se movilizó para convencer al Gobierno de que esta ciudad, referente en la materia, debía ser la elegida. Pero no lo fue, pese a que el dictamen técnico apuntaba a que era la mejor valorada. Ante la poca transparencia, el Ayuntamiento de Granada interpuso un recurso, en nombre de las instituciones locales, en contra de la decisión de otorgar a La Coruña la sede. El Tribunal Supremo lo desestimó. En la sentencia reconoció que el Gobierno no había facilitado las notas de cada aspirante por la comisión consultiva, pero que «aún pudiendo ser interesante conocer la puntuación exacta de cada postulante, resulta irrelevante». ¿Por qué? Porque «la decisión final motivada incumbe al Consejo de Ministros».

Y, sin que se hicieran públicos motivos aparentemente objetivos, la Aesia quedó en manos de La Coruña, que prometió ofrecer en siete meses la sede, hoy en obras. No estará lista hasta 2027. En fin. El caso es que todo apunta a que la Agencia Estatal de Salud Pública va a seguir por el mismo camino. Al tratarse también de una entidad perteneciente al sector público estatal, la adjudicación de la sede física se deberá realizar siguiendo los mismos pasos. Esto es, una vez se publica el acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades autónomas tienen un mes para presentar la candidatura de uno o varios municipios. Pueden ofrecer compromisos como la cesión de bienes inmuebles y la asunción de costes financieros, entre otros. Finalizado el plazo, una comisión consultiva analiza las posibilidades y puede tomar en consideración localidades no postuladas pero que cumplan los criterios establecidos. Luego, el Consejo de Ministros valora el dictamen técnico y decide. Cabe recordar que si la ciudad elegida incumple alguno de los compromisos de su candidatura –como ha ocurrido en La Coruña–, se puede reabrir el proceso de selección.

En cualquier caso, visto lo visto, incluso aunque haya un sistema de puntuación, este no garantiza nada. No será determinante. El Consejo de Ministros tiene la última palabra. Está por ver cómo afectará la situación de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que ha estado envuelta en polémica desde que se integrara en el Instituto de Salud de Andalucía, en Sevilla. Una «estrategia»de la Junta de Andalucía que para el PSOE, sin embargo, puede ser un punto en contra.

Pero para llegar a eso primero hay que aprobar la ley que permitirá levantar los cimientos de la agencia cuyo objetivo es «estar mejor preparados y más protegidos» ante una futura pandemia. El proceso está siendo sumamente lento. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de agosto de 2022 el anteproyecto de ley para crearla. Granada no tardó en prestarse a la causa y la Junta de Andalucía aseguró tener terrenos disponibles. El Ayuntamiento aprobó una declaración institucional para pedir colaboración y se estableció un grupo de trabajo encargado de diseñar distintos ejes o propuestas alrededor de los puntos fuertes de esta provincia.

Cincuenta instituciones, además de empresarios y colegios profesionales, defienden la «fortaleza» de la propuesta nazarí. El compromiso de la sociedad granadina es firme, pero el pasado mes de agosto –seis meses después del último anteproyecto de ley–, el texto para la creación de este organismo seguía sometido a revisiones en la comisión de Sanidad sin fecha de aprobación a la vista. El Ministerio esperaba resolver las alegaciones pendientes antes del final de octubre, pero en diciembre la ley seguía bloqueada. En este tiempo, otras ciudades como Oviedo, Zaragoza y Barcelona se han alzado como rivales en la competición por albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública a la que aspira Granada, que en todo momento ha pedido al Gobierno que plantee un proceso «transparente y con criterios claros desde el principio».

Hasta ahora, el Ministerio de Política Territorial no había aclarado si entraba o no dentro del proceso de 'desconcentración' de organismos. Insistía en que una vez que se aprobara la ley habría seis meses para elaborar un estatuto –que sería la columna vertebral de la agencia y recogería cómo va funcionar– y ellos pactarían cómo elegir la sede. Pero al fin ha confirmado que se va a abrir en un proceso de selección, así que las candidaturas que se han estado trabajando servirán para algo. No obstante, se desconoce qué criterios tendrá en cuenta la comisión consultiva que se encargará de valorar las distintas opciones.

Después de un año de bloqueo, el horizonte se despeja. Gobierno y oposición han estado meses negociando en el Congreso, que parece haber alcanzado un alto grado de consenso. Se han aprobado muchas sugerencias de todos los partidos, incluido el PP. El ambiente que se vive es de optimismo. De hecho, todo apunta a que la ley para crear la Agencia Estatal de Salud Pública saldrá aprobada en la comisión de Sanidad que se celebra este jueves.