Sancionan con un año de empleo y sueldo a la exdirectora del Parque de las Ciencias por «deslealtad»

El expediente disciplinario se inició en mayo de 2024 a iniciativa de Alcalá, a raíz de una sanción de la Seguridad Social por el cobro presuntamente indebido de 2.293 euros por parte de González en diciembre de 2020. Según el instructor, la trabajadora ejerció como jefa de Comunicación al mismo tiempo que realizaba sus tareas como directora, por lo que presuntamente cobró por una serie de conceptos que no están previstos en el convenio o son incompatibles con un contrato de alta dirección.

De acuerdo con el expediente, estos hechos serían constitutivos de dos infracciones muy graves, una por la «adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave al consorcio» y otra por «fraude, deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas y causar por negligencia o mala fe daños muy graves en el patrimonio del consorcio».

El director-gerente proponía para esta trabajadora la sanción máxima por la comisión de una infracción muy grave –el despido disciplinario, es decir, sin indemnización–, pero la presidenta del consorcio ha decidido rebajar considerablemente ese castigo a una suspensión de empleo y sueldo de un año de duración.

Castillo resuelve que la sanción se aplique a partir del día siguiente a que termine la situación de incapacidad temporal de la trabajadora sancionada, con 31 años de antigüedad en la entidad.

La consejera parece haber atendido, al menos parcialmente, los argumentos de dos informes de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía que expresaban sus dudas sobre este expediente disciplinario.

Por un lado, el solicitado por el propio Luis Alcalá, según el cual el cobro de esas cantidades pudo ser irregular en el sentido de que no podía ser abonado como horas extras, pero que el trabajo había sido efectivamente realizado y, por tanto, la trabajadora tenía derecho a cobrarlo con otro concepto. El mismo informe jurídico de la Junta también consideraba que los hechos, incluso si fueran constitutivos de una irregularidad administrativa, estarían prescritos. Pese a ello, el propio Alcalá desoyó estas consideraciones al proseguir con el expediente con la máxima sanción posible.

El segundo informe, realizado por el letrado jefe del Servicio Jurídico Provincial de la Junta en Granada a petición del consorcio, expresaba dudas tanto sobre la posible caducidad del expediente –que debe cerrarse en doce meses excepto en casos muy concretos– como sobre la posible prescripción de las infracciones –que se produce a los tres años de cometerse las faltas–. «Que los hechos (acaecidos en 2020 o 2021) se hayan conocido tan tarde (el 9 de mayo de 2024) genera dudas en relación con la prescripción y respecto al propio funcionamiento del consorcio (...)», alertaba el experto.

El letrado consideraba que en el expediente no se justificaba suficientemente la aplicación de la sanción máxima prevista –el despido–, que podría ser considerada «desproporcionada». También advertía de que para proseguir el expediente era preciso «acreditar» que fue González como directora del museo la que ordenó el pago de los conceptos en cuestión en sus nónimas.

En ese sentido, la presidenta del consorcio reconoce que «la decisión de la interesada de aceptar el abono en su nómina de las retribuciones a que se contrae el expediente (...) pudo verse mediatizada por la creencia en el correcto proceder de la persona responsable de la gestión económica y de personal de la entidad (...) por lo que pudo llegar a un eventual convencimiento de que aquel abono resultaba procedente». El responsable al que alude el expediente fue despedido en 2022 por diversas irregularidades.

El equipo que asesora a Cristina González ha anunciado su intención de recurrir la sanción ante los tribunales.

La afectada interpuso en 2021 una demanda ante la jurisdicción laboral reclamando que se le abonaran los honorarios no percibidos como directora-gerente accidental, por un total de 12.406,32 euros. En el transcurso de esta demanda –que se resolverá en las próximas semanas–, el propio abogado del Parque reconoció que se le adeudaban a González 2.475,25 euros, es decir, una cantidad superior a la que se le reclamaba, según su equipo jurídico.