Salud plantea la Casa de la Cultura de Darro como centro médico

El alcalde, Manuel Blas Gómez (PP), propuso esta solución y explicó que el Ayuntamiento ejecutaría todas las obras necesarias para adaptar estas instalaciones a su nueva función. La atención médica se mantiene desde ayer en Purullena, municipio situado a 12 kilómetros de distancia de Darro.

Desde el Área Sanitaria insistieron en que con humedades y filtraciones «no pueden dar consulta». Las goteras han vuelto a aparecer en una de las dos salas que compone el centro de salud. El regidor, por su parte, transmitió su frustración ante una situación que se repite desde hace ya un año. Esta es la séptima vez que el consultorio tiene que cerrar por esta misma causa, motivo por el que el primer edil pidió la unión de las administración para «buscar una medida que sea definitiva». «No podemos dejar que un municipio de 1.700 habitantes esté sin médico presencial en el pueblo», añadió.

El piso de arriba del centro de salud de Darro fue okupado en agosto de 2024. Los hechos ocurrieron cuando trabajadores y vecinos se concentraron en la localidad en repulsa a la agresión que había sufrido uno de sus sanitarios. El Ayuntamiento de Darro se ha encargado de subsanar en distintas ocasiones las goteras que afectaban a la consulta de enfermería y que provocaron desprendimientos en el techo de las dependencias en octubre de 2024 y, posteriomente, cierres continuos en el centro de salud y traslados de forma habitual en el servicio. La atención médica se reanudó en el pueblo en abril, después de que el consistorio ejecutase algunas obras para eliminar las filtraciones y la presencia de moho en las paredes. No obstante, las humedades volvieron a aparecer este fin de semana.

La parte superior del centro de salud de Darro cuenta con unas dependencias que anteriormente se habían utilizado para hospedar a los sanitarios, en el caso de que su jornada laboral se extendiera. Las instalaciones también habían funcionado como escuela de mayores. Tanto la parte superior como la inferior son de propiedad municipal, razón por la que el Ayuntamiento presentó la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil tras la okupación.

La sentencia del juicio –a la que tuvo acceso este periódico– establecía que los 'inquilinos' debían pagar 480 euros por haber cometido un delito leve de usurpación y restituir el bien y que el Ayuntamiento tenía que buscar una casa a la familia. El equipo de gobierno recurrió a dicha sentencia.