La ronda de testigos del caso Serrallo se abre con el exfuncionario que denunció

Se podría decir que este testigo, que estaba personado como acusador particular y ha sido finalmente relegado a popular por no ser un perjudicado directo de los hechos, es el responsable de los derroteros judiciales que ha tomado el asunto. Era, según las fuentes consultadas, agente de disciplina urbanística del Ayuntamiento y fue quien detectó –y puso en conocimiento de la fiscalía– el supuesto anómalo viraje en los planes originales que el municipio tenía para el terreno donde finalmente se levantó la discoteca 683 Upper Club. Aquel solar iba a ser un parque de atracciones infantil con un quiosco de chuches junto al Centro Comercial Serrallo –de ahí el nombre de la causa–, pero acabó transformado en una sala de fiestas. Fue gracias a sucesivas modificaciones introducidas en el proyecto y autorizadas a la concesionaria.

En los albores de este mediático enjuiciamiento, para el que ha tenido que habilitarse una sala de dimensiones especiales del edificio judicial de Caleta, no todo ha salido como estaba previsto. Debido a la agilidad que presidió los primeros interrogatorios, los de los 17 acusados, las sesiones iniciales se redujeron a cuatro (estaban previstas ocho en el calendario).

El juicio comenzó el pasado 3 de febrero y el primer día dio tiempo tanto a las cuestiones previas (que es el momento en el que arranca la vista y las partes plantean, por ejemplo, posibles nulidades o aportan nuevos testigos o documentos) como a la declaración del exalcalde José Torres Hurtado (PP).

El exregidor se veía sentado por primera vez en el banquillo por presunta corrupción urbanística durante su etapa como presidente de la corporación local (también está inmerso en el caso Nazarí y en la causa penal abierta por la cesión onerosa finalmente frustrada de Casa Ágreda). Y su declaración no deparó sorpresas: insistió en que «no tenía ni idea» de Urbanismo y que en lo tenía todo delegado. En resumen, se desvinculó de las supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas, que acabaron en los juzgados al final en forma de denuncia de la fiscalía. Esas supuestas anomalías, según han venido sosteniendo las defensas, no tendrían entidad penal. Y es ese el mensaje que han venido lanzando durante la instrucción de este asunto, que se ha investigado en el Juzgado de Instrucción 2, cuya titular es la magistrada María Ángeles Jiménez, instructora a su vez del caso Nazarí.

En esos interrogatorios de los acusados, también defendió sus decisiones la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, que por su condición de jurista se sentó en las bancas reservadas a los abogados y no en el banquillo como el resto de procesados. Estos, que también se escudaron en la legalidad de sus actos, son los ex altos cargos que integraban en aquella época la cúpula de Urbanismo y el promotor de aquel establecimiento, Roberto García Arrabal, que dio cuenta de los perjuicios que le ha causado este proceso, a la vez que sostuvo que la concesión ni era un negocio rentable ni un chollo. Los primeros trámites del proyecto datan de 2005 y la discoteca –hoy clausurada tras su reapertura con otro nombre (Sky Club)– fue inaugurada en 2012.

En esas primeras sesiones, la sala de la Sección Segunda de la Audiencia aceptó que el Ayuntamiento de la capital siga personado en el proceso. Además, el empresario Abel Pizarro, que se hizo con el controvertido negocio en una subasta y ejercía otra de las acusaciones, se retiró como tal.

El mismo día que declarará Juan S. P., estaba prevista la comparecencia de Abel Pizarro, pero las fuentes consultadas creen que ya no lo hará. Además se someterán a las preguntas de fiscalía, acusaciones y defensas otras cinco personas. Entre ellas figuran un técnico forestal que emitió un informe sobre las plantaciones que había en aquel terreno, así como un hijo del exdirector de Obras Manuel Lorente, que aclarará previsiblemente si logró trabajo en una empresa del promotor acusado por influencia de su padre, que es otro de los acusados. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, la secretaria de los concejales de Urbanismo desde hace cerca de tres décadas o la secretaria del exalcalde, Elisa P. L., son otras de las citadas ese día.

Al día siguiente, el 20 de febrero, desfilarán ante el tribunal, entre otros, funcionarios, el administrador concursal de la sala de fiestas, el que fuera su gerente y una exedil de Educación.

Los testimonios continuarán los días 25, 26 y 27 de febrero. En esas tres sesiones, depondrán más de una quincena de nuevos testigos. Y entre ellos destacan el abogado que solicitó la licencia para la 'disco' y aparejadoras y trabajadoras de la empresa de García Arrabal Inversiones Área Sur (la concesionaria).

Se espera que el principal testimonio de cargo sea el de Jacobo de la Rosa, que ocupó el cargo de director general del Urbanismo y que emitió un informe demoledor en el que advirtió de las supuestas ilegalidades de la operación. Está previsto para los días 3 y 4 de marzo. Será el 12 cuando testifique Luis Gerardo García-Royo, que fue concejal de Urbanismo. La prueba estrictamente pericial se iniciará el 18 de marzo.

Entre los abogados defensores hay conocidos –y reconocidos– penalistas de Granada. A Nieto y otros ex altos cargos los defiende Ernesto Osuna, quien, en declaraciones a IDEAL, resalta la relevancia de las testificales que se avecinan, como las de los «funcionarios que son imparciales y no tienen relación con ninguna de las partes». También enfatiza el valor que tendrán las opiniones de los arquitectos y profesionales de Urbanismo vinculados con el asunto y el impacto negativo que, en su opinión, ha supuesto para la ciudad una denuncia «infundada», que «criminaliza el recto ejercicio de la función pública debido a enemistades personales y deseos de revancha».

Por su parte, el letrado del promotor, César Fernández Bustos, cree que la declaración de los acusados fue «contundente, sin fisuras, rigurosa, técnica, defendiendo la legalidad de su actuación y poniendo de manifiesto las numerosas irregularidades, imprecisiones y alteraciones de conceptos» de la denuncia que originó todo.