La revisión del PGOU aspira a pintar el futuro de la ciudad dos décadas después

Como una cicatriz recuerda la herida que fue, el PGOU de 2001 devuelve a la memoria la Granada que aspiraba a ser y no fue. Sí, muchos de sus argumentos facilitaron el crecimiento ordenado de la ciudad. Otros, sin embargo, se acabaron convirtiendo en un problema que afectó y sigue afectando a ciudadanos, empresas e instituciones por igual. Son muchas las voces que, desde hace más de una década, claman por la renovación del texto y es cierto que, en tiempos previos a los actuales, se intentó. Ocurrió en uno de los mandatos de José Torres Hurtado, que buscó actualizar la normativa cuando se había superado ampliamente el lustro desde su renovación. Polémicas varias y problemas jurídicos impidieron que los trabajos fraguaran y la tentativa quedó en eso.

En los primeros compases del actual equipo de gobierno, el área de Urbanismo, que dirige el popular Luis González, oyó las demandas de renovación y comenzó a moverse para realizar un nuevo intento. Mantuvo conversaciones con la Junta de Andalucía, que preparaba ya el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, y se decidió finalmente. En octubre del año pasado, en una rueda de prensa celebrada en el patio del antiguo convento del Carmen, el edil y la consejera de Fomento, Marífrán Carazo, anunciaron el inicio de la tramitación.

Desde entonces, los trabajos no se han detenido. En enero se celebró la primera mesa técnico-jurídica entre la consejería y el Ayuntamiento para agilizar la tramitación. Hace diez días, González mantuvo un encuentro con representantes de la asociación de Promotores y Constructores y de diferentes colegios profesionales en el que estos le entregaron un documento de 90 páginas con propuestas técnicas. Unos días después, hubo una reunión a puerta cerrada entre el Consistorio y la Junta para desatascar proyectos y avanzar en los trámites.

Este sábado, el Ayuntamiento informó de la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción del documento de avance de la revisión del PGOU. Se trata de una memoria justificativa que reúne datos de las características geológicas, topográficas o hidrológicas del territorio. El documento es esencial para integrar los aspectos ambientales en los instrumentos de planeamiento.

El camino administrativo que queda por delante es largo. Desde el gobierno municipal contemplan el inicio de los trabajos del avance, con una duración prevista de 12 meses, a lo largo de este año. El plan es que el periodo de exposición e información pública así como el inicio de la redacción del documento de aprobación inicial se acometa durante 2022, dejando la aprobación y revisión inicial y adecuación de los instrumentos de ordenación para el curso siguiente.

Mientras tanto, grupos y colegios profesionales ya tienen dispuestas las primeras sugerencias a introducir en el nuevo ordenamiento.

El Colegio Oficial de Arquitectos lleva meses estudiando propuestas para clarificar asuntos que, por el cambio de la ciudad desde la aprobación del PGOU vigente, generan indefinición en la actualidad. Es el caso de los sótanos y los usos aceptados a nivel comercial, que actuamente están limitados a almacenes, o la resolución de las cubiertas en los edificios, que está generando situaciones complicadas en bloques y comunidades de vecinos. La entidad considera también que debe de abordarse una respuesta común al conflicto que hay en torno al cambio de uso de los conventos, una cuestión que se ha tratado en inmuebles históricos del Albaicín y que ha llegado ya al pleno municipal en varias ocasiones.

Sobre las necesidades de suelo industrial, uno de los debates cuando se trata de revisar el ordenamiento, desde el colegio creen que en estos momentos hay suficiente terreno de este tipo para satisfacer tanto la demanda actual como la prevista a medio-largo plazo. Apuestan por una visión supramunicipal que contemple las fortalezas, debilidades y oportunidades del conjunto del Área Metropolitana y no solo de Granada. La entidad sí ve con buenos ojos, por ejemplo, la posibilidad de completar el suelo de este tipo con un centro logístico y de transporte en la zona del Cortijo del Conde y seguir apostando por el desarrollo tecnológico surgido del PTS.

Sobre la Azucarera de San Isidro, otro de los grandes asuntos a clarificar, señala que sería deseable su rehabilitación y adaptación para usos culturales y su compatibilidad con otros usos que hicieran sostenible la intervención. En cuanto al futuro del entorno de Andaluces, considera «deseable pero utópico» el soterramiento y propone como alternativa la reordenación de los terrenos de Renfe además de un tratamiento paisajístico de las vías, especialmente a su paso por la Chana.

Respecto a la Vega, considera que Granada tiene la obligación de mantener y conservar este espacio natural, facilitando el uso agrícola sostenible y garantizando la permanencia de las edificaciones tradicionales agrarias como solución a las tensiones urbanísticas.

La principal propuesta del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales tiene que ver con la filosofía del propio PGOU. La entidad considera que uno de los asuntos que se debe buscar para evitar que la norma quede superada rápidamente es reforzar el enfoque planificador –esto es, lo que tiene como guía de cara al futuro– frente al legislativo. Un texto más abierto e interpretativo, que cohabite con la legislación aprobada.

Entre otros asuntos, hablan de clarificar aspectos técnicos que afectan a los talleres de vehículos, la limitación de las plantas subterráneas a almacenes o las entradas comunes en los talleres artesanales. También proponen acabar con cuestiones que no tienen mucho sentido, como que no se puedan situar clínicas en plantas superiores ni siquiera cuando están situadas sobre otras clínicas.

Sobre las necesidades de suelo industrial, parten de que no es su ámbito directo pero señalan que la ciudad podría estar algo escasa a medio o largo plazo. Sin embargo, consideran que debe medirse teniendo en cuenta el conjunto del Área Metropolitana y no solo de la propia Granada.

El colectivo aboga por prestar una especial atención a las cuestiones ambientales dentro del PGOU y apuesta por la incorporación de medidas concretas frente al cambio climático. Entre otros aspectos, considera que hay que buscar la reducción de las emisiones y establecer medidas de control para proteger la Vega, que, en su opinión, debe quedar recogida como suelo no urbanizable de especial protección por planificación territorial.

La entidad plantea que, en el caso en que se planteen nuevos ámbitos dentro del sistema general de espacios libres, los futuros parques sean auténticas zonas verdes con arbolado y sin asfaltar. Estos lugares no deben ser, según apunta, «la esquina que sobra» sino espacios pensados para ser usador por la población, con sombras y mobiliario adecuados.

Respecto a las intervenciones en el conjunto histórico, solicita que se rijan por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía para evitar demoliciones arbitrarias y propone que los planes especiales se adapten a la misma legislación sin prejuicio de que tengan especificidades en cuanto a su desarrollo y revisión.

Propone además que la revisión se someta a un plazo de al menos 45 días hábiles. Propone que su trabajo se difundido en los medios y a través de acto públicos informativos para favorecer la participación.

La asociación de Constructores y Promotores de Granada considera que, más allá de las propuestas respecto a infraestructuras concretas o al futuro del suelo, la medida más importante en estos momentos es lograr un PGOU consensuado por todos y para todos. En ese contexto enmarca el documento de propuestas abordadas junto a cuatro colegios profesionales que hicieron llegar al Ayuntamiento. Plantea que el ordenamiento quede fuera del debate político y aboga por hacer de él una herramienta de todos diseñada a partir de la mayor participación posible de la ciudadanía.

En cuanto a consideraciones técnicas a tratar, señalan que existen asuntos que deben ser abordados para evitar que sigan dificultando las inversiones en la ciudad. Menciona, por ejemplo, la problemática que hay con los sótanos y los comercios, que tienen limitados los usos a almacenaje. También plantea la necesidad de una visión actualizada de las rehabilitaciones en edificios antiguos, especialmente en aquellos en los que se abordan trabajos para mejorar la eficiencia energética. Considera que la normativa actual está desfasada y plantea límites a la colocación de placas eléctricas, incluso en aquellas que quedan ocultas a la vista.

También propone que se abra el debate de los usos como vivienda de los locales, como ocurre en capitales como Madrid, Londres o Amsterdam. Considera que, siempre en base a la demanda, podría ser una solución para resolver las enormes bolsas de locales vacíos que hay en muchas zonas de la ciudad.