El reparto de 200.000 euros entre los funcionarios 'caldea' el pleno del Ayuntamiento de Granada

El debate del expediente ha generado un situación de gran tensión entre Vox, que ha requerido que se destinaran los fondos a ayudas directas a empresarios, hosteleros y trabajadores afectados por la pandemia, y el responsable de Personal, que ha defendido que se trata de un derecho retributivo de los trabajadores públicos «como establece el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno y el Estatuto de los Funcionarios» y que solo ellos, a través de los sindicatos, podían indicar el destino final de la partida.

Las dudas generadas por la discusión han obligado a varios de los grupos a requerir consultas al interventor, que ha aclarado que la partida podía destinarse a otros fines siempre y cuando así fuera decidido por los representantes de los funcionarios en la Mesa General de Negociación.

El momento más complicado se ha vivido después de las palabras del interventor, cuando el concejal Francisco Fuentes ha asegurado que no iba a incurrir en prevaricación cambiando la decisión de los representantes de los funcionarios. El portavoz de Vox, Onofre Miralles, le ha calificado como «embustero» al considerar que «mintió en la comisión y lo vuelve a hacer en este pleno».

El edil de Vox ha insistido en su posición, ha recordado las ayudas dadas por otros consistorios a los afectados por la crisis y ha acusado al equipo de gobierno de «no tener vergüenza, ni sensibilidad social ni política».

Podemos-IU, que en la comisión extraordinaria de Economía había apoyado la medida, ha anunciado el cambio del sentido del voto «tras las consultas realizadas con los sindicatos» y ha anunciado que presentará alegaciones para destinar «la mitad de los recursos a Servicios Sociales y la otra mitad a las tarjetas monederos en los distintos barrios». «Pedimos a los empleados públicos un esfuerzo y un acto de solidaridad«, ha rogado Antonio Cambril, que ha anunciado que su grupo aportará parte de sus ingresos a esos fines.

El concejal José María Corpas, del PSOE, ha justificado el apoyo a la medida por el respeto a la decisión tomada por la Mesa General de Negociación, «que hace unos días apoyó por mayoría el reparto de la productividad«. El edil ha mostrado su »sorpresa« por el cambio de voto de la confluencia y ha señalado que las posiciones de Vox y Podemos-IU le parecían »populismo y demagogia«. »Si tan interesados están en favorecer a las familias«, ha dicho, »pregunten qué es lo que ha pasado con los 200.000 euros de las ludotecas, el millón de euros presupuestado para Derechos Sociales o las propuestas que hemos presentado para la Hostelería«, ha afirmado.

El debate lo ha cerrado el edil de Personal, que ha insistido en que «son los representantes de los trabajadores los que tienen legitimidad para cambiar el acuerdo« y ha recordado que se trata de »un derecho« de los funcionarios. »Tenemos que ayudar a salir de la crisis al mayor número de granadinos posibles y así lo vamos a hacer, pero no a costa de este expediente. Enfrentar a los ciudadanos con los funcionarios es una auténtica irresponsabilidad«, ha concluido.

Con el expediente aprobado, el texto debe pasar aún por el Boletín Oficial de la Provincia. Vox ya anunció esta semana que si sus propuestas no eran aceptadas, como así ha sido, harían alegaciones. También las hará la confluencia, como ha avanzado durante el debate. Esto podría alargar la tramitación, que debe estar finalizada antes del final de diciembre si se quiere evitar que la partida quede como remanente en la tesorería municipal.