Recurren al Constitucional una intervención del Ayuntamiento en las cuevas del Sacromonte
Los vecinos denuncian daños materiales, cortes de suministros legalizados, retención de residentes sin justificación durante más de cinco horas y un trato «degradante»
La Asociación de Vecinos de las Cuevas del Sacromonte ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la presunta vulneración de sus ... derechos fundamentales durante una intervención municipal llevada a cabo el 26 de enero de 2023. El recurso denuncia la desprotección judicial sufrida por los afectados, tras el archivo de las diligencias penales por parte del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada y la confirmación de dicho archivo por la Audiencia Provincial.
De acuerdo con la defensa, ejercida por la abogada María Gallego, ambas instancias judiciales habrían desestimado la práctica de diligencias clave, como la toma de declaración de los denunciantes y testigos, lo que, a juicio de los recurrentes, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Los hechos denunciados ocurrieron cuando un operativo municipal, coordinado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada y ejecutado con la participación de Policía Local, Policía Nacional y operarios de limpieza, «accedió sin orden judicial ni consentimiento a patios y jardines cerrados anexos a casas-cueva habitadas». Según la demanda, durante la intervención se produjeron daños materiales, cortes de suministros legalizados, retención de residentes sin justificación durante más de cinco horas y un trato degradante, incluyendo insultos.
El recurso invoca la violación de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad física y moral, a un proceso con garantías y a la igualdad ante la ley, y denuncia una interpretación restrictiva del concepto constitucional de domicilio, excluyendo de protección a patios cerrados funcionalmente integrados en viviendas-cueva, algunas de las cuales cuentan con título de propiedad y situación urbanística regularizada.
Según los recurrentes, la actuación municipal responde «a un plan sistemático de presión y acoso institucional sobre los residentes de estas viviendas tradicionales, con el objetivo de forzar su desalojo sin garantías judiciales».
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