Rechazan que un abuelo que abusó de su nieta en Granada entre en prisión por su alzhéimer

El hombre, de 78 años y vecino de la capital, sometió a su nieta a comportamientos sexuales aprovechando sus visitas y estancias a Granada, tras el divorcio de sus progenitores. Sus acciones ocurrieron entre 2013 y 2016, y le llevaron al banquillo de los acusados. La sentencia fue dictada en 2019 por la Audiencia, que lo consideró autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años. Junto a la pena de prisión, se estableció una medida de alejamiento y se dispuso que indemnizara a su nieta en 10.000 euros.

Pero llegado el momento de ejecutar la pena para que el anciano entrase en prisión, su defensa logró que la Audiencia le concediese el beneficio de la suspensión por su actual estado de salud. Para ello fue reconocido por el Instituto de Medicina Legal (IML), que entre otras patologías apreció que presenta «demencia leve, probable enfermedad de Alzhéimer», un deterioro cognitivo que empeoraría entre rejas.

La suspensión de la pena sentó como un jarro de agua fría a la familia de la menor, que hizo pública, a través de este diario, su consternación. Es la madre de la niña quien, representada por el abogado Nicolás Sánchez Carmona, ejerce la acusación particular y quien ha hecho todo lo posible legalmente para que el anciano pague por su delito.

La menor, ahora quinceañera, ha necesitado tratamiento para superar aquellos oscuros episodios vividos con su abuelo, que le han provocado un «trastorno emocional». La progenitora incluso barajaba hacer una huelga de hambre para clamar justicia.

Sin embargo, la Audiencia se ha ratificado en su decisión de que el anciano, F. O., se libre de la prisión, pues «carece en estos momentos de peligrosidad criminal y es dependiente de otras personas para actividades básicas de la vida», señala en un auto, dictado el 7 de junio y al que ha tenido acceso IDEAL.

«La ejecución de la pena no es necesaria para evitar que delinca nuevamente», indican los magistrados que han resuelto el recurso de la acusación particular, al que se había adherido el Ministerio Fiscal. «La prevención especial y el principio de humanidad aconsejan la suspensión de la ejecución de la pena», recalca la resolución.

Y es que, a juicio de la Sección Segunda del tribunal provincial, «resulta racional» considerar que la estancia de F. O. en prisión, «además de ser inútil, afectará desfavorablemente a la salud mental del penado, al sacarle de su entorno habitual, donde se encuentra relativamente estable».

Frente a ello, la madre de la menor está convencida de que el alzhéimer «es inventado» y que no hay ningún obstáculo para que cumpla su castigo en un centro penitenciario.