¿Granada respira mejor?

El Ayuntamiento ha creado dos categorías de granadinos: los de la capital, a quienes se les permite seguir circulando con vehículos viejos y contaminantes; y los del Área Metropolitana, que son castigados y expulsados de la ciudad si no tienen coche nuevo. Una ZBE que, en lugar de reducir emisiones, parece pensada para marcar fronteras invisibles y levantar muros sociales. Aún está por ver si la medida del Partido Popular tiene un mínimo de impacto en la calidad del aire, o más bien parece una medida para castigar y recaudar. Teniendo en cuenta que una parte importante de esta ciudadanía afectada antaño vivía aquí, ahora expulsados fuera de la capital por las nefastas políticas de vivienda del PP, o la falta de ellas, para conseguir una vivienda asequible, sea compra o alquiler.

La discriminación es tan evidente que raya el absurdo. Se penaliza al trabajador de Maracena, Armilla o Atarfe que necesita su coche para entrar a Granada, mientras se tolera que un vecino del centro siga conduciendo un diésel de veinte años. ¿Igualdad? Ninguna. ¿Eficacia? Tampoco. Y todo esto, sin haber reforzado el transporte público. No hay suficientes autobuses, ni conexión fluida con los pueblos, ni aparcamientos disuasorios dignos. El mensaje es claro: si eres de fuera, te buscas la vida. La ZBE se convierte así en un impuesto encubierto a los más vulnerables y un privilegio para quien vive dentro del anillo urbano.

La vitalidad de Granada depende de cuidar de todos aquellos que trabajan, ayudan a aquellos que lo necesitan, compran, y porqué no, vienen a visitar de manera sostenible toda lo que nuestra ciudad ofrece, especialmente la cultura. ¿Acaso se ha pensado en el impacto económico, más allá del personal que realiza estas actividades, que esta medida puede tener en la ciudad? En las pequeñas y medianas empresas cuyos trabajadores vienen del cinturón, en los comercios que necesitan mantener a sus clientes, algunos de ellos ahora con dificultades para comprar. En los espectáculos culturales, esenciales para la economía de muchas empresas y para el prestigio de la ciudad. En las personas mayores y dependientes cuyos cuidadores pueden tener dificultades de acceso. ¿Acaso se ha pensado en las dificultades de los pacientes que han de acudir a los hospitales? Muchos de ellos

personas mayores sobrepasadas por las dificultades burocráticas que implican los permisos. Como si no tuvieran ya suficiente dificultad a la hora de velar por su salud.

A la hora de implementar un plan tan complejo, no basta con las líneas gruesas, es necesario atender a todos los posibles afectados, y proporcionarles soluciones. La medida, en teoría ambiental, ha degenerado en un error político de primer orden. Se podía hacer bien, con planificación y equidad, pero se ha optado por lo fácil: maquillar cifras a costa de dividir a la ciudadanía.