«No quiero que mis padres se mueran sin ver Cárnicas Sierra Nevada en marcha»

Recientemente, el juzgado de Instrucción Número 1 de Granada ha acordado el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones que se iniciaron por un presunto delito contra la salud pública.

Las instalaciones siguen con el precinto del Seprona de la Guardia Civil y 7.000 jamones permanecen colgados en los secaderos, a la espera de luz verde para poder venderlos o destruirlos, si es que se certifica que no están en buen estado. La empresa cumple 40 años de trabajo en este 2025 y la familia, ligada históricamente a esta fábrica de Cájar, recibe el aniversario con un sabor agridulce.

Están desesperados y creen que todo ha sido un «montaje» que los tiene sumidos en la ruina. Consideran que la administración no ha actuado con diligencia y valoran las pérdidas en más de dos millones de euros, mientras la Junta asegura que insta a la empresa a garantizar la salubridad. La fábrica tuvo que despedir a parte de la plantilla y sobreviven por la venta de productos que compran a otras empresas. «No conozco a ningún empresario en toda España que haya tenido este problema y dos años después continúe así. No nos dejan levantar cabeza», resume David Díaz Yáñez. «Mis padres levantaron la fábrica con sudor, trabajo y esfuerzo. No quiero que mueran sin que vuelva a estar en marcha», añade.

Sin afectados

La familia se encuentra «indefensa». Relatan que en 2022 superaron la auditoría general. En marzo de 2023, la empresa superó de nuevo la inspección, aunque con la petición de implementar algunas mejoras. Meses más tarde, el 26 de julio, el servicio de inspección consideró que la industria no cumplía garantías higiénico sanitarias y paró parcialmente la producción, inmovilizando el producto en tres naves frigoríficas. A primeros de julio, cárnicas Sierra Nevada presentó alegaciones y analíticas que avalaban su actividad. El resultado de unos laboratorios contratados por la empresa salieron negativo en listeria, al igual que un análisis efectuado por la Junta del que no recibieron el resultado hasta cinco meses más tarde, según la versión de los propietarios y sus abogados, Juan José Álamo e Ignacio Cardenete.

En septiembre abrieron la actividad de fabricación de toda la empresa. «Hicimos la analítica a los productos almacenados y le dimos salida porque cumplía la normativa. Pero después la Junta decía que no se creían las pruebas del laboratorio. Tomaron cinco muestras de esos productos, recogidos de un proveedor nuestro, lo que afecta a la cadena de custodia, y solo en una de ellas salieron los parámetros por encima de lo que admite la normativa», comenta.

Lamenta que la administración no abrió procedimiento sancionador, lo que no le permitió pedir una prueba contradictoria. En octubre se decretó la alerta sanitaria y desde entonces no levantan cabeza. «No se detectó ninguna persona que se viera afectada a raíz del consumo de los productos», argumenta Díaz. Relatan que en febrero de 2024 se autorizó incluso la venta de parte de los productos almacenados. Solo de embutidos, sin contabilizar los jamones, producían 150 toneladas anualmente que se comercializaban en España, Francia y Hungría.

Recientemente, la empresa ha perdido el registro sanitario. A raíz de unas alegaciones que presentaron, aseguran que la administración les abrió un acuerdo de sanción por supuesta extorsión donde le reclamaban 18.000 euros. «Estamos cansados y nos sentimos indefensos, vulnerables. Solo queremos que sean claros y nos digan qué debemos hacer para poder retomar la actividad», apunta el propietario. «Hemos perdido clientes y la crisis sanitaria ha afectado a nuestra imagen. Cuidamos nuestro trabajo y los productos. Queremos retomar la fabricación, hay empleados que dependen de nosotros desde hace 20 años», remacha.

De igual forma, con el archivo de la causa penal, esperan que avance la instrucción de un proceso paralelo abierto por la vía Contenciosa-Administrativa, donde pedían la suspensión del cese de actividad. Los representantes legales lamentan que la Junta de Andalucía lleva más de año y medio para remitir al completo la documentación que ha solicitado el juzgado. Además, estudian tomar medidas legales contra la administración, ya que consideran que se podrían haber producido irregularidades. Este medio se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía para conocer su versión de los hechos y espera respuesta.

Por su parte, la administración andaluza destaca que la Delegación de Salud «está instando a la empresa para garantizar la salubridad en la maquinaria y la conservación para poder dar informa favorable». Además, señalan que falta información en la trazabilidad de los jamones.