La quiebra del polígono Marchalhendín acaba en condena a los promotores nueve años después
El juez declara el concurso culpable y obliga a devolver 3,3 millones de euros por llevar a pique al parque empresarial
Mercedes Navarrete
Jueves, 23 de diciembre 2021, 00:38
El parque empresarial Marchalhendín lo tenía todo para ser atractivo. En los años de la expansión inmobiliaria, previos al estallido de la burbuja, muchos empresarios ... granadinos vieron una buena inversión de futuro en aquellos dos millones de metros cuadrados de suelo industrial a pie de la autovía y a apenas diez minutos de la capital, con acceso tanto por la A-44 como por la segunda circunvalación. Había más facilidades para comprar parcelas pequeñas y los precios mejoraban a los de los otros polígonos ya consolidados de Granada por lo que muchas compañías adquirieron suelo en el nuevo parque empresarial con planes de trasladarse o como inversión a futuro.
La sociedad promotora concluyó las obras de urbanización en el año 2010. Pero cuando llegó la hora de entregar las parcelas, los compradores se sintieron «engañados»: al parque empresarial le faltaban saneamientos, telefonía... y lo principal, la subestación eléctrica que tenía que dotar de energía al polígono, como recuerda el actual presidente de la Asociación de empresarios de Marchalhendín, Carlos Dueñas.
A estas deficiencias se aferraron un centenar de propietarios para no escriturar las parcelas, a pesar de que habían adelantado 15,3 millones de euros en pagos que se les quedaron colgados.
La sociedad promotora esgrimió esta falta de financiación como el detonante de la ruina del parque y llevó a los juzgados a los empresarios que no firmaron las escrituras. Sin embargo la justicia, dio la razón a los compradores al entender que el parque no estaba acabado y en consecuencia no se podía obligar a escriturar las parcelas hasta que no se finalizara de acuerdo a los contratos firmados y al plan parcial vigente.
El final de la historia se resume en que la sociedad promotora Parque Empresarial Alhendín S. L. se vio obligada a declarar a concurso acreedores en 2012 y dos años más tarde, al no lograr sanear sus cuentas, la empresa concursada entró en fase de liquidación. Y el parque se quedó paralizado.
El detonante
Nueve años después de que se iniciara aquel proceso, la justicia ha reconocido la responsabilidad que tuvieron los promotores en la quiebra del polígono. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada ha calificado como culpable el concurso de acreedores de Parque Empresarial Alhendín, estimando parcialmente las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal.
La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial, supone la inhabilitación por dos años para administrar bienes ajenos así como cualquier otra mercantil de los tres principales integrantes del consejo de administración que regía en los años 2009 y 2010, uno de ellos el conocido empresario Juan Muñoz Támara, marido de la popular periodista televisiva Ana Rosa Quintana. También condena al pago de 3,35 millones de euros al socio mayoritario del consejo de administración, Grupo Inmobiliario Casut, que entonces era propiedad de Muñoz Támara.
La sentencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, apunta como principal motivo de la calificación culpable una operación realizada entre los años 2009 y 2010 mediante la cual, para financiar una operación del socio mayoritario con una entidad financiera, se gravaron con hipoteca una serie de fincas propiedad de Parque Empresarial Alhendín. Estos terrenos estaban a su vez vinculados a una operación de reducción de capital con antiguos socios, lo que se tradujo en la imposibilidad de transferir las fincas porque tenían cargas.
«Es una satisfacción, se ha defendido el interés de los acreedores»
Como liquidador de la empresa concursada, el bufete jurídico HispaColex ha defendido los intereses de de los acreedores y está desarrollando una intensa labor para activar un polígono «que puede ser un catalizador de riqueza y empleo para el territorio», en palabras del letrado Javier López García de la Serrana. «Para esta administración concursal es una satisfacción que se haya estimado la solicitud de declaración de culpabilidad del concurso que efectuamos, así como que se haya acordado la inhabilitación del anterior Consejo de Administración y se haya aceptado la condena como cómplice concursal al Grupo Inmobiliario Casut».
De igual forma, la sentencia señala que el incumplimiento del pago de la deuda contraída con el banco por parte del socio, conllevó el inicio de la ejecución hipotecaria de las fincas y por tanto la pérdida de activos dentro del concurso que hubieran brindado cierta liquidez para poder satisfacer el pago a los acreedores. Se entiende, por tanto, que en gran medida fue esta operación la que abocó a la situación de insolvencia a la empresa concursada.
Para el presidente de la Asociación de empresarios del parque Marchalhendín, Carlos Dueñas, que en la actualidad engloba a cuarenta firmas propietarias de terrenos, la sentencia es «el reconocimiento que esperábamos sobre quien tuvo la responsabilidad». Sin embargo, Dueñas subraya que este espaldarazo judicial no tendrá efectos prácticos a corto plazo, ya estiman que al asunto le que queda un recorrido de unos dos años en los tribunales hasta que se resuelvan los recursos.
La entidad de conservación tiene, no obstante, esperanzas, de que gracias al desbloqueo de las parcelas empiecen a aterrizar proyectos empresariales y que entre todos, incluido el Ayuntamiento de Alhendín que tiene el 10% del suelo, «podamos tirar con los gastos de poner en marcha el parque» mientras la justicia sigue su camino.
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