Registro de vagos, maleantes y periodistas

Hace tan solo tres años, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias cuestionaba que España fuese una democracia plena y los ministros socialistas lo corregían. José Luis Ábalos –que ya no es ni ministro ni militante socialista de pleno derecho– defendía que se trataba de una «de las democracias con mayor calidad que existen en el mundo». Ahora, también Ábalos piensa que las investigaciones de algunos jueces –básicamente, la que a él le atañe– producen un «un perjuicio irreparable».

Los periodistas siempre resultan más simpáticos para quienes están en la oposición que para los que gobiernan. Alberto Núñez Feijóo ha reprochado a Pedro Sánchez en el Congreso que estos límites de «censura» no se veían desde los tiempos de Franco; como si alguien pretendiera recuperar la Ley de Vagos y Maleantes de la Segunda República –perpetuada durante la dictadura– para sumar a los gandules, rufianes y gente de malvivir a los degenerados periodistas –valga la redundancia, en algún caso–.

Hay una sutil diferencia: en nuestros días –y pese a los planes de cualquier gobierno, presente o venidero– los periodistas podemos escribir en libertad. Solo hay que querer ejercerla.

El objetivo del plan es –según aparece escrito– alcanzar una «democracia más limpia, más fuerte y más transparente». Olvidan que quienes gestionan la democracia son, en buena parte, los propios políticos.

Entre las 31 medidas se contempla también la «rendición de cuentas obligatoria» cada seis meses por parte de los dirigentes para vigilar si han cumplido sus «programas de gobierno». Bien se han cuidado de no hablar de programas electorales; que es bien distinto.

Lo que aún no se conocen son las posibles sanciones para los políticos que mientan o falten a sus compromisos cada semestre. En cambio, los periodistas rendimos cuentas a diario y nos exponemos a los reproches penales –que ya existen– y al abandono de nuestra audiencia.

La frivolidad es trasladar la sensación de que España será más democrática, libre y transparente simplemente porque se puedan hacer chanzas sobre la religión o la Corona. Aunque también es precipitado situarse a la defensiva y oponerse de lleno a un plan del que solo se conocen, de momento, los titulares. Sobre todo, porque muchas de las originales medidas garantistas ya existen. Los dueños y accionistas de los principales grupos de comunicación de este país, por ejemplo, están identificados porque son empresas cotizadas en Bolsa. No hace falta encargar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una lista de sospechosos habituales.

También se esparce la duda sobre la publicidad institucional que reciben los medios por ofrecer una difusión y un servicio a la administración y a la sociedad. No se trata de subvenciones; como sí perciben otros sectores para garantizar su rentabilidad.

El valor que un país da a la información y a estar informado hay que medirlo en la cantidad de personas que no quiere que los medios reciban publicidad institucional, ni de las empresas del Ibex... pero que tampoco están dispuestas a pagar por informarse.

Salga de su asombro: la información que usted recibe tiene un coste y siempre lo soporta alguien. Entre todos, cuando se trata de un medio público que no requiere rentabilidad económica. O bien se sufraga con la publicidad y los lectores, en distintos porcentajes. Por eso, es la audiencia con su compromiso y su bolsillo –y no el poder político– la que otorga la verdadera libertad e independencia a los medios.

No se engañe. Cuando la información es gratis se trata de propaganda.

Anoto en la libreta la reflexión que me hace un antiguo cargo público: «Ya hay confrontación hasta en las guarderías».

Acudo a la apertura del curso judicial en la Chancillería. Las autoridades se colocan alrededor del patio por orden de protocolo; como si se tratara de un corro. Nunca pensé que una disposición en apariencia tan ridícula pudiera resultar tan solemne. Cuando no sé dónde situarme siempre busco una columna, porque ofrece la opción de esconderse y pasar desapercibido. Si la columna es ancha.

Atrevidos y contundentes los discursos tanto de la Fiscal Superior como del presidente del TSJA. Apelan al consenso político para resolver los problemas de la justicia y lamentan que los ciudadanos la perciban, cada vez más, como un asunto de bloques. Ana Tárrago vuelve a reclamar que los fiscales asuman la instrucción de los casos –se lo escuché en la intervención de su primera toma de posesión– y Lorenzo del Río puntualiza que no estamos en el mejor momento –de credibilidad, añado– para afrontar ese reto.

Las autoridades asistentes sobrellevan el trance de las alusiones directas. El delegado del Gobierno, el consejero de Justicia… Al final, el único que se libra de las insinuaciones es el arzobispo, don José María Gil Tamayo.

Al menos, nos queda la confianza en la justicia divina.

En el mismo acto me encuentro con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre. Me comenta que esta semana ha firmado la resolución que pone fin al mandato del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, persona de conversación amplia. Bien podría haber sido el Conversador del Pueblo.

Ahora hará falta una propuesta que reúna los votos de tres quintos del Parlamento. Jesús Aguirre –que afronta con parsimonia los retos casi imposibles– subraya lo complicado de buscar en estos momentos un nombre de consenso entre PP y PSOE.

Apunto uno, aun a riesgo de achicharrarlo sin pedirle permiso. Hay alguien que ha desempeñado esas funciones con entrega, generosidad y la humildad que se necesita para buscar el bien ajeno en lugar de la gloria propia. Y lo ha hecho con alcalde socialista y popular. El Defensor de la Ciudadanía de Granada: Manolo Martín.

Ceno con el doctor Enrique Rojas. Teóricamente, es una cita de trabajo; aunque nunca está de más una puesta a punto de las entendederas. Cuando se reúnen un psiquiatra y un periodista el que hace preguntas es el psiquiatra. Siempre envidié la capacidad de permanecer en silencio y ser el último en tomar la palabra. Un diván no deja de ser un sofá con pretensiones.

Se interesa por Granada, por los planes de futuro y debatimos sobre las posibilidades de desarrollo de esta tierra. La ambición puede ser una virtud o un trastorno. Sin embargo, las mayores limitaciones están en la envidia: «Los que no tienen nada que contar hablan mal de otros».

Pedimos a Enrique que despida la cena con alguna reflexión y recita un texto hebreo: «El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene, el hombre sabio el que aprende de todos con amor, el hombre honrado trata a todos con dignidad».

Las palabras que no se pueden medir ni tocar son las que más merecen la pena.