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Hace justo cinco años los reporteros salían a la calle con guantes de fregar platos para contar una vida desconocida. El fin del mundo –al ... menos para un periodista– debe ser algo parecido a que te cierren de golpe todos los bares. En esos días, la administración era incapaz de calcular las víctimas del coronavirus; los números eran unos impostores.
Poco fracaso mayor cabe en una sociedad que no ponerse de acuerdo siquiera para contar a sus muertos.
Las cifras, las estadísticas y los datos se convirtieron en un acto de fe. Hasta la pandemia, se dudaba de las palabras de los gobernantes y nos quedaba el resguardo de los números; como única realidad contable y constatable. Ya, ni eso. Salimos más fuertes. Más intoxicados, más polarizados y con muchas más dudas. Pero salimos.
Y también entonces nos percatamos de lo importante que es disponer de una sanidad pública reforzada. Fue, literalmente, una cuestión de vida o muerte.
Ningún partido que haya tenido competencias y responsabilidad de gobierno puede estar del todo satisfecho de la gestión de la sanidad pública –que siempre ha sido mejorable–. Si los escuchas, todos han invertido más y todos son los artífices de unos derechos ciudadanos de los que, en realidad, son simplemente los gestores; porque los artífices de tener una sanidad pública son los propios ciudadanos con sus impuestos. Todos –de todos los colores– han tenido listas de espera, protestas y mareas blancas –en unos momentos más que en otros–.
Con cerca de 30.000 andaluces que superan el año para una operación, conviene ser comedidos en la exposición de las cifras; por mucho que se hayan recortado. La consejera de Sanidad presentó esta semana las tablas actualizadas. Según informó, una reducción del 50% en la lista de espera quirúrgica en un año. Pero la consejera utilizó una argucia y, sin decir ninguna mentira, complicó la comprensión de la realidad. [La verdad es otra cosa y depende de quién la cuente].
Sólo se hicieron públicos y consultables inicialmente los datos a 31 de diciembre, donde el descenso –en el caso de Granada– apenas llega al 11% sobre el año anterior; muy lejos de ese 50% subrayado por la consejera. ¿A qué obedece la diferencia? Los números que se usaron para la comparativa en la rueda de prensa fueron los registros a 7 de marzo; que no estaban accesibles.
Cuando se presentan estas cifras, para que nadie piense que se hacen trampas, conviene hacerlas públicas, facilitarlas y desglosadas por provincias al mismo tiempo. Esto se hizo –tras la insistencia– 24 horas después. Pero ya se había creado un ruido innecesario que ensombrece todo el esfuerzo. Y, milagro de enero en los quirófanos: en estos dos primeros meses del año se ha recortado casi a la mitad la lista de espera quirúrgica.
Recuerdo que Jesús Aguirre –ya presidente del Parlamento– me comentó en una ocasión la conveniencia de que se rindieran cuentas semanalmente de las listas de espera, hospital por hospital; y que cada gerente se expusiera con su gestión. Si los datos, se supone, se tienen en tiempo real, ¿dónde está el problema?
La transparencia es una virtud que solo se entiende cuando es completa.
LOBBY POLÍTICO
Esta semana hemos sabido que la futura Agencia de Salud Pública se adjudicará por el mismo procedimiento 'transparente' que se usó para la Aesia. Si la agencia de inteligencia artificial acabó en La Coruña –ciudad de origen de la entonces vicepresidenta y responsable de la decisión, Nadia Calviño–, mejor no mirar que una de las aspirantes es Zaragoza; procedencia de la actual portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
La carrera para que Granada albergue la Agencia Española de Salud Pública (Aesp) comenzó el 13 de marzo de 2023, con la constitución de un grupo de trabajo; que –a menudo– es justo el paso preliminar para que las cosas no avancen. Casi tanto como un observatorio.
La semana pasada apuntaba en la libreta que, tras el fiasco de la Aesia, la engañifa y los burdos argumentos para justificar una adjudicación a dedo –que ha resultado un fiasco dos años después, por cierto–, quizás sea hasta mejor que la futura Agencia de Salud Pública se conceda de manera discrecional; como el Tribunal Supremo concluyó que se otorgó la Aesia. Pedimos un método puntuable y transparente, pero tampoco vamos a ser tan ingenuos como para ignorar que, al final, todo es una decisión política. ¿Cómo objetivar los méritos para conceder una sede estatal a una ciudad frente a otra? En última instancia, siempre será algo subjetivo. Por eso, mejor hacerlo por derecho y asumir el coste de la decisión. Entre las candidatas también está Barcelona.
Y como se trata de una decisión política, los partidos granadinos, las instituciones y los agentes sociales deben dejar patente su posición; sin circunloquios ni relatos.
Por cierto, como firmaron en una declaración institucional hace tan solo un año.
DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA CIUDAD
Hablo con la alcaldesa sobre el inminente debate sobre el estado de la ciudad, que será el primero de su mandato. En el último estaba todavía Luis Salvador.
El estado de una ciudad también es algo subjetivo. Antes, el próximo día 20, habrá una nueva reunión de la comisión técnica para la integración del ferrocarril. El ministro Óscar Puente presentó hace una semana en Jaén un proyecto similar –todo lo similar que puede ser para una ciudad que no tiene AVE–; y allí puso de ejemplo a Marifrán Carazo como la prueba de que administraciones de distinto signo político pueden llegar a acuerdos. [Esta misma semana, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, enviaba una carta en catalán al ministro para que le atienda].
Habrá algunos anuncios llamativos en el debate de la ciudad, vinculados al empeño por crecer en población. También compromisos económicos con la cultura. Y una fecha: 2040.
Espero que le queden hojas a la libreta.
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