Una dimisión saludable

El miércoles, 8 de octubre, presentó su renuncia –es un circunloquio, nadie renuncia voluntariamente– la consejera Rocío Hernández, que tan solo cinco días antes había asegurado en Granada que se mantendría en su cargo porque dimitir era «lo más fácil». Dimitir siempre es lo más difícil.

No se va Rocío Hernández por el teléfono de los niños, que se puso en marcha en septiembre. Sino por el «error» –otro– admitido por el gobierno andaluz con la comunicación de las mamografías. Si se reconoce un error solo hay dos posibilidades. Asumir que el fallo es consustancial al sistema y, que por muy bien que se proceda, algo saldrá mal. O que alguien ha sido el responsable –en términos políticos– del desacierto. Por eso, es importante asumir la responsabilidad en su momento; sin esperar a que sean otros foros externos –los tribunales– quienes marquen los tiempos. Cuando siempre se reprocha que, en este país, nadie dimite, no se puede criticar –por ese motivo– a quien lo haga.

Cuando Juanma Moreno compareció por sorpresa a las ocho y media de la tarde del miércoles desde San Telmo, dejó entrever que ya no quiere más equivocaciones en su equipo; y menos, si le generan una crisis política –la mayor desde 2019– evitable. Hubo una frase clave en la intervención de apenas siete minutos. Moreno admitió que puedan producirse «errores» pero reprochó –sobre todo, a los suyos–: «Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema».

Igual que sucedió en el último pleno de julio. Por eso, el presidente andaluz anunció una auditoría para cambiar todo lo que no funcione.

Difícil cometido para el siguiente consejero. Rocío Hernández era una gestora sin bagaje político. Los tecnócratas son los mejores para ejecutar las decisiones pero no necesariamente para tomarlas. De momento, la responsabilidad la ha asumido la persona de mayor peso dentro del gabinete, Antonio Sanz. Experto en emergencias; y esta lo es.

Tiene que afinar Moreno para taponar el punto más vulnerable de su gestión; pese a enarbolar el incremento del 51% en la inversión en sanidad con respecto a 2018. Es cuestión de percepciones. Los números, en definitiva, no son más que un placebo.

Hace una semana, tras destaparse la crisis de los cribados, el presidente andaluz se refirió a la necesidad de chequear a las dos mil mujeres afectadas: «Es mi obsesión y ahora mismo lo que me quita el sueño». Juanma Moreno no ha ocultado nunca que le preocupa la situación de la sanidad pública. Siempre con la misma expresión tan gráfica. En el debate de la comunidad de noviembre de 2023 y en su discurso el 28F de 2024, se refirió a la sanidad y la sequía como las dos cosas que le robaban el «sueño».

La crisis de los cribados de cáncer de mama ha descolocado al PP –a todos los niveles–, porque ha invalidado la confrontación por la también mal gestionada crisis de las pulseras de violencia de género por parte del Gobierno central. La política actual es mucho de empate de despropósitos.

En cualquier caso, el insomnio de Moreno no ha sido provocado por la oposición en el Parlamento. El PSOE tiene en el foco de su estrategia la sanidad pública pero hasta ahora no ha suscitado con su acción política una reacción ciudadana masiva; como la que tuvo, por ejemplo, Susana Díaz en su última etapa.

Pese a la dimisión de la consejera, hay dudas que subsisten una semana después entre tanto ruido. ¿Por qué el 90% de los casos se concentran –según la versión oficial– en un área del hospital sevillano del Virgen del Rocío? ¿Es un problema de protocolo o de la gestión que se haya hecho del mismo? ¿O es una cuestión de falta de medios? El plan de choque anunciado pasa por una inversión de doce millones de euros.

Y resta saber si se trató solo de un fallo de información –aunque la atención fuese la correcta– o de una negligencia. Las mujeres que recibían un cribado no concluyente, desde el año 2011, no eran informadas obligatoriamente de su diagnóstico dudoso. Unas sí, otras no. El protocolo se hizo en la etapa de María Jesús Montero como consejera de Sanidad. Es una realidad. Y se ha mantenido otros catorce años. Igualmente, cierto. Hasta que la semana pasada, el gobierno andaluz dio, primero, una instrucción verbal –el jueves– y el pasado martes lo hizo por escrito.

El debate es si ha sido sólo un problema de información, pero el tratamiento y la atención ha sido la correcta, o si el protocolo ha provocado también situaciones clínicas que podrían haberse evitado. Eso lo tendrá que aclarar la justicia.

Son varias las denuncias en curso. La defensora del paciente la ha presentado ante la Fiscalía Superior de Andalucía; igual que Adelante Andalucía. Mientras que IU ha acudido a la Fiscalía General del Estado, que ya la he remitido a Ana Tárrago. Lo que ha hecho la Fiscalía Superior ha sido abrir diligencias; un paso inicial. Ahora tendrá que estudiar el caso y podrá, desde archivar, hasta presentar denuncia o derivar las diligencias a otras fiscalías provinciales si encuentra indicios pero sin que haya ningún aforado de por medio. O puede ocurrir que penalmente no haya un caso colectivo y sí reclamaciones puntuales.

Que lo sucedido tenga al final –o no– relevancia penal, no exime la responsabilidad política. La justicia está para actuar sobre lo probado pero la política también tiene que hacerlo sobre lo probable. Por eso, la renuncia de la consejera era un paso necesario para empezar a atajar una crisis. Una dimisión saludable.

En la operación Malaya, a Juan Antonio Roca –considerado cerebro de la trama– le intervinieron un cuadro de Joan Miró en el cuarto de baño. Los corruptos –los contrastados, los potenciales y los supuestos– siempre han sido demasiado horteras. A Koldo y Ábalos les delatan las apariencias. No todo el mundo tiene pinta de manejar un fajo de billetes sujeto por una goma elástica. No supone necesariamente un delito, pero si te investiga la UCO te convierte en sospechoso. El último informe de la Guardia Civil ha desvelado que Koldo y su mujer Patricia –que tuvo un contrato efímero en una empresa granadina– se referían al billete de 500 euros como 'chistorra'. Los que no hemos visto de cerca un billete de esas cifras no podemos valorar si la metáfora está o no justificada. Igual estamos ante un poeta de refinado ingenio sin saberlo.

La presunta trama atesoraba 'chistorras' y las cambiaba por billetes menores en negocios de confianza. Uno imagina una alambicada ingeniería financiera y todo se resume de una manera tan burda. «Tenemos carne para un tiempo», escribió Koldo a su señora. Mientras Patricia le preguntaba: «Cariño, si las llevo [las chistorras] en el chaleco marrón, ¿tú crees que me lo harán quitar». Ábalos –que tiene estudios– se refería a los billetes como «folios», según la UCO.

Los investigadores sospechan que Koldo y su esposa abonaron con 'chistorras' y 'folios' la vida libidinosa de Ábalos y sus contactos con mujeres con las que mantenía «encuentros de carácter personal». Entiéndase como un eufemismo. Entre ellas, nombres como 'Michel', 'Ofelia'' o 'Rozalía'. «¿Puedes transferir 300 a 'Michel'? Confírmame cuando lo hagas para decírselo, que está canina?», escribió Ábalos a Koldo. Entre las tres, la UCO acredita pagos por orden del exministro por 3.623,75 euros.

El antiguo asesor y su mujer abonaron presuntamente habitaciones y viajes a mujeres para estos «encuentros de carácter personal». Hay identificadas reservas en hoteles de Málaga, Sevilla y Almería, entre febrero y mayo de 2019.

El rastro de estos viajes se pierde justo en la noche del 5 al 6 de julio de 2021, en un billete de tren a Madrid (283,20 euros) y un hotel en la capital (138,01), presuntamente, para una mujer identificada en el móvil de Koldo como 'Rosa Rumana'.

Al día siguiente, José Luis Ábalos durmió en el Parador de Granada. Cuatro días después, Pedro Sánchez lo cesaba como ministro.