"Que el PSOE se retire como acusación popular en el caso Serrallo acredita que todo era un montaje de Cuenca"

En su intervención Fuentes ha aludido a “una nueva cacicada del PSOE a las que nos tiene acostumbrados”. Así explicó que “ayer tuvimos conocimiento como parte implicada de que la jueza del caso Serrallo apartaba al PSOE como acusación popular en el mismo porque tras pedir una fianza de 5.000 euros, normal para aquellas personas jurídicas o no jurídicas que se quieren personarse, el PSOE, no la ingresó”. Un hecho que a los populares “no nos sorprende” . “Han quedado desenmascaradas las intenciones del PSOE, lejos de querer aclarar este asusto, puesto que saben que no hay nada que aclarar y el tema se archivará, pretendían personarse para mantener la tensión y seguir criticando y haciendo ruido mediático. Si el PSOE es el primero en no mantener su acusación ¿que pueden pensar los ciudadanos?”, afirmó Fuentes.

Según el coordinador, “el grupo municipal socialista estaba personado en el caso Serrallo, siendo su abogado el mismo que luego este Ayuntamiento contrata, mediante un contrato menor, una vez que el grupo municipal se retira de la acusación popular”.

Tal y como relató Fuentes, “el alcalde de Granada, a diferencia de lo que se hizo con la operación Nazarí, en la que el pleno de 30 de diciembre del 2016 decide que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, en el caso del Serrallo lo hizo por decreto en septiembre de 2016”. Además, prosiguió, “se contrata al que era antes abogado del grupo municipal socialista, que a su vez, es el mismo que defiende al señor Cuenca en el caso en el que está siendo investigado por tres delitos penales”.

“Cuenca dijo que el grupo municipal socialista se había retirado de la personación porque lo haría el PSOE, pero ayer fue apartado por no pagar la fianza que le correspondía”. Según Juan Antonio Fuentes, “que el Ayuntamiento pague al abogado de Cuenca y de lo que era el grupo municipal socialista”, además de “estar feo” es “una absoluta cacicada”. “Si eso lo hubiese hecho el PP, tendríamos que estar ahora mismo cerca de cruzar los Pirineos”, ironizó.

Por su parte, el portavoz adjunto, Antonio Granados, ha definido la situación como una “utilización sectaria por parte del PSOE de este Ayuntamiento”. Tal y como ha aclarado, “la representación judicial del Ayuntamiento podría no tener efecto en el procedimiento del Serrallo, porque el contrato menor por el que se ha contratado a un abogado externo por importe de 15.730 euros, tenía una vigencia no prorrogable por más de un año y ha vencido el pasado mes de julio de 2017”. Por esta razón el PP considera que “estamos en una situación administrativa irregular de quien representa en los juzgados los intereses de este Ayuntamiento, puesto que el contrato no podría continuar ni aunque las acciones judiciales a realizar superasen dicho limite temporal”, según “un informe del Área de Contratación” y otro de la “Junta Consultiva de Contratación Administrativa”.

A juicio de los populares, “podríamos estar ante un caso de presunta malversación de caudales públicos, presunta prevaricación y de dejación de funciones”. Una situación de de la que Granados a responsabilizado al alcalde, quien “por primera vez en al menos 18 años ha asumido la responsabilidad de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Granada”.

Ante esta situación el PP ha solicitado “informe al Secretario General y al Interventor Municipal para que indiquen los conceptos abonados en la ejecución del contrato menor y si es posible que se mantenga la potestad de representación de este Ayuntamiento en un letrado cuyo contrato se ha extinguido sin posibilidad de prórroga”. Todo ello para arrojar “claridad a la situación” puesto que “estamos ante la peor época de gestión debido a la carencia de capacidad” del gobierno local y “ocultando los intereses del PSOE desde el Ayuntamiento de Granada”, finalizó Antonio Granados.