El PSOE pide al Juzgado del caso Nazarí archivar la pieza del 'expediente Parking'

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la acusación popular ejercida por el PSOE se pronuncia en la misma línea que lo hiciera hace unos días la fiscal del caso, que ha pedido el archivo por entender que los hechos están prescritos.

Así, el PSOE hace suyas las consideraciones contenidas en la primera parte del informe de la fiscal, en la que se recogen las supuestas irregularidades cometidas en las concesiones para la construcción y explotación de estos aparcamientos, y reconoce que los hechos, que se remontan al 2000 y 2001, estarían prescritos. Por ello, ve «ajustada a derecho» la petición de archivo del Ministerio Fiscal y se muestra conforme con ella.

La fiscal del caso mantiene que, de las investigaciones policiales y demás datos obrantes en la causa, se deduce que existen indicios de la perpetración de los delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y/o cohecho, en tanto que se han detectado «gravísimas irregularidades en los procesos de adjudicación y explotación de los aparcamientos» y tres de ellos «se habrían ejecutado contraviniendo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)». No obstante, los hechos están prescritos.

Hace unas semanas la Fiscalía solicitó el archivo de otras dos piezas separadas del caso Nazarí, las conocidas como 'expediente Registrador' y 'Obispo Hurtado'. En ambas está procesado el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.

Ambos fueron detenidos en 2016 en el marco de la llamada operación Nazarí. En este caso, que se ha dividido en varias piezas procesales, se investiga una presunta trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada --durante el pasado mandato del PP-- que, según ha expuesto en algunos de sus autos la juez instructora, pudo haber beneficiado «tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados», en contra del interés general y «contraviniendo de forma continuada la normativa urbanística» con el consiguiente «perjuicio a las arcas municipales».