El PSOE cree que el fallo del Caso Serrallo corrobora que «algo olía mal» en Urbanismo

El viceportavoz del grupo municipal socialista, Miguel Ángel Fernández, ha recordado que durante el anterior mandato al frente del Consistorio granadino ya calcularon que la gestión urbanística del PP en la ciudad y los diferentes casos de corrupción abiertos podían costar unos 30 millones de euros a los ciudadanos.

«Estamos hablando de los socios de Luis Salvador», ha indicado en declaraciones a los periodistas Fernández en referencia al actual alcalde de Ciudadanos, quien gobierna en el Ayuntamiento de la capital granadina junto a los populares tras un pacto que, según el edil socialista, fue «de trapos sucios».

Según Fernández, el fallo sobre el caso urbanístico del centro comercial Serrallo supone «un día triste» para Granada porque ha habido responsables públicos que han terminado siendo condenados.

Por otra parte, el PP ha mostrado su satisfacción por la absolución de Torres Hurtado y ha recordado que siempre ha confiado en la justicia y en la inocencia del exregidor en este caso, «corroborada» ahora por la Audiencia de Granada.

«Esta sentencia se produce un mes después de la absolución de otros ocho exconcejales del PP», ha indicado el partido en un comunicado el que insiste en que la absolución viene a confirmar la «nefasta acción política» de algunos partidos de la izquierda que han preferido anticiparse a la justicia con una «auténtica persecución para sacar un infame rédito político».

La sentencia de la Sección Segunda, notificada este martes y a la que ha tenido acceso Efe, absuelve al exregidor de los delitos de prevaricación urbanística y común, y de los de fraude en la contratación y tráfico de influencias, y a su vez declara la nulidad de las licencias otorgadas en 2012 para permitir una discoteca.

Entre otros fundamentos, la resolución de 141 páginas recoge que Torres Hurtado tenía delegadas en Nieto las competencias de Urbanismo, como ya lo había hecho antes en Luis Gerardo García-Rollo, quien declaró en el juicio que el regidor solo intervenía en los asuntos urbanísticos a través de la información que se le suministraba pero que no tomaba parte en ellos ni adoptaba decisiones.