Pleno en Granada

Tensión en el pleno de Granada dedicado a la vivienda

Hasta ese instante, la sesión celebrada este martes había seguido los cánones habituales en este mandato. Protestas en la plaza del Carmen y acusaciones cruzadas entre el equipo de gobierno y la oposición a cuenta de la responsabilidad sobre la mala situación de las arcas públicas. Solo había una excepción a lo ordinario. Por primera vez en mucho tiempo coincidían al menos tres mociones sobre un mismo tema, el problema de la vivienda, un asunto sobre el que se ha volcado el foco de la actualidad en los últimos días después de la masiva protesta celebrada en Madrid.

La sesión arrancó en hora y discurrió rápida. Únicamente los socialistas pidieron debate en un punto que trataba sobre la corrección de un error cartográfico en el Cerro de San Miguel para afear la intención de la Junta de vender el antiguo centro de menores ubicado en el mirador. De ahí, los concejales saltaron a las ordenanzas fiscales. Mientras los de Marifrán Carazo defendieron que, contra lo ocurrido el año pasado, se iba a mantener la presión fiscal, tanto PSOE como Vox les afearon la «oportunidad perdida» para no aliviar la subida aprobada para 2024. Los dos grupos tiraron además de hemeroteca y reprocharon a la alcaldesa que prometiese en campaña una bajada de impuestos que hasta ahora no ha llevado a cabo, crítica de la que se excusó la edil de Economía, Rosario Pallarés, recordando la situación financiera municipal.

Aunque el intercambio fue duro en términos políticos, nada hacía presagiar lo que pasaría instantes después. En varios momentos del pleno, un grupo de asistentes había intervenido en para pedir soluciones para las personas sin hogar. Este periódico pudo contabilizar al menos dos, que sucedieron en los términos habituales en los plenos, con tono reivindicativo pero sin exabruptos. La tercera vez, que se produjo de la misma forma que las anteriores, fue la que provocó el desalojo.

Mientras se producía la salida entre los abucheos del público y las quejas de los socialistas, la alcaldesa recordaba que el reglamento municipal impide expresamente que el público interrumpa las sesiones. Las palabras de Carazo no atenuaron el enfado de los de Paco Cuenca, que abandonaron de inmediato el salón en señal de protesta.

En el pasillo, algunos de ellos reconocían que efectivamente el reglamento expresa la prohibición, pero recordaban que es habitual que colectivos y personas a título individual aprovechen el pleno para recordar sus demandas, algo que suele suceder de forma más o menos respetuosa, como ocurrió ayer, y que se resuelve sin desalojos, con la petición de la mesa de volver al asunto de debate.

Con estas, la atención pasó al patio del Ayuntamiento, el portavoz socialista denunció públicamente lo acaecido. El dirigente calificó la escena como «un grave atentado a la democracia» y responsabilizó directamente a la regidora «por no impedir» el desalojo de «una persona que, de forma educada, estaba clamando para que las criaturas que viven en la calle no sigan sufriendo algo terrible, que han muerto diez desde el verano». Según dijo, lo ocurrido reflejaba «la vuelta al autoritarismo de otros tiempos» con «la mayoría absoluta del PP».

Mientras, en un salón de plenos que había quedado semivacío, la primera edil negaba haber pedido el desalojo. «Ni he pedido, ni he propiciado ni he solicitado a la Policía el desalojo del pleno ni el desalojo de ninguna persona», insistía Carazo, que señalaba que el grupo de manifestantes había interrumpido la sesión en varias ocasiones y respaldaba al agente que, según describió, lo que había hecho era «recordar, que también es su deber, que no podían seguir con esa actitud».

El resto de la sesión pasó pena ni gloria. El PP retiró la ordenanza de edificación que iba a ser aprobada a la espera de nuevas modificaciones y sacó adelante sendas mociones para reclamar sanciones más altas contra los grafiteros ilegales y una política de vivienda alejada del «intervencionismo radical» del Gobierno de Pedro Sánchez. Vox, por su parte, volvió a solicitar a Carazo un gesto con los contribuyentes granadinos. «No espere a 2027 para anunciar bajadas de impuestos buscando el rédito electoral», le espetó a la alcaldesa.