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El proceso de creación de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública vuelve a estar en marcha. Menos de dos meses después de que un ... cambio de última hora en el sentido del voto del PP tumbara la ley en el Congreso de los Diputados, la iniciativa se encuentra de nuevo en tramitación en la comisión de Sanidad, donde los grupos parlamentarios pueden de nuevo repasarla para plantear los cambios que consideren para construir un órgano llamado a ser determinante en la coordinación de la respuesta frente a futuras pandemias.
El Ejecutivo ya advirtió en marzo, después de que el primer intento cayera en saco roto ante el rechazo de PP, Vox y Junts en la Cámara Baja, que su intención era la de recuperar el proyecto de ley e impulsar la configuración del nuevo organismo «lo antes posible». El primer paso lo dio el pasado 8 de abril, cuando el Consejo de Ministros aprobó el expediente. Ese día, la ministra de Sanidad, Mónica García, recordó que el objetivo del nuevo ente es configurar un sistema de prevención sanitaria «más ágil, más coordinado y capaz de anticiparse a las amenazas del futuro, protegiendo la salud de toda la ciudadanía».
La responsable, que confirmó que la tramitación sería similar al proceso desarrollado en los meses previos, se refirió además a lo ocurrido en la votación al señalar que «la salud tiene que estar al margen de los intereses partidistas y espurios» y mostró su esperanza en que las formaciones que se opusieron a la agencia recapacitaran y pusiesen el interés de los ciudadanos y la salud «por delante de sus intereses».
Un mes después del inicio del proceso, el proyecto de ley se encuentra ya en la comisión de Sanidad, donde acaba de ser calificado. El documento está ya a disposición de los grupos parlamentarios, que tienen hasta el próximo miércoles 21 de mayo para presentar las enmiendas que precisen. Se espera, a tenor del texto publicado, que sean muchas las propuestas que vuelvan a ponerse sobre la mesa antes de la votación.
El proyecto de ley que ahora se trabaja presenta notables cambios respecto al que llegó al Congreso en marzo. Al no ser aprobado con las sugerencias realizadas en los meses previos por la oposición, no cuenta con las modificaciones que que referían la importancia de la descentralización en la organización del sistema sanitario. Cambios que insistían en la atribución de competencias en materia de salud pública a las comunidades, una de las cuestiones en las que más se incidió en el periodo de alegaciones, que obligaban a tener en cuenta las lenguas oficiales en las comunicaciones o que aludía a los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 no están. Tampoco alusiones a la necesidad de vigilancia de enfermedades emergentes y la zoonosis.
Se omite también el enfoque salutogénico -la dirección del centro a la potenciación de las capacidades y el empoderamiento de las personas en materia de salud pública- y se regresa a la coordinación, no a la colaboración, con las comunidades autonómicas. No aparecen igualmente puntos que se incluyeron antes, como la evaluación de los resultados de las prestaciones sanitarias.
El borrador cuenta con cambios realizados por el propio Gobierno como promotor, aunque no son de relevancia. El más llamativo es, quizá, el relativo a la jerarquía en la organización ministerial. La futura agencia se inscribe ahora en la Secretaría de Estado de Sanidad.
La apertura del periodo de sugerencias del proyecto de ley tiene interés para Granada, que sigue de cerca todo el proceso de tramitación del nuevo organismo después de que en el mandato anterior ya expresara su deseo de albergar la sede. Con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Granada, la candidatura nazarí logró el respaldo de medio centenar de instituciones, colegios profesionales, organismos públicos y empresas tanto granadinas como andaluzas, que refrendaron en 2023 el potencial que existe en la provincia en materia de prevención sanitaria.
El legado de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que durante décadas formó a miles de profesionales del país en este ámbito y llegó a firmar acuerdos de colaboración con las principales entidades del mundo, es uno de los puntos fuertes de Granada, que cuenta también con importantes referentes en investigación en la Universidad y los centros hospitalarios del Virgen de las Nieves y el Clínico. Aparte, alberga un gran ecosistema de empresas especializadas alrededor del Parque Tecnológico de la Salud, un polígono que sigue en crecimiento y cuya expansión a Ogíjares se está abordando en la actualidad.
Para armar todas estas virtudes, desde hace más de un año especialistas en Salud Pública están trabajando bajo la guía de la Junta de Andalucía con el objetivo de configurar una candidatura capaz de traer la sede a la ciudad. Enfrente tendrán a urbes como Oviedo, Zaragoza o Barcelona que también han manifestado el deseo de albergar el nuevo organismo.
Sea como sea, al proceso de selección se espera que se llegue con unidad y consenso por parte de todos los partidos de la provincia. Hace solo un mes, las formaciones con representación en el Ayuntamiento y la Diputación respaldaron sendas iniciativas en las que se conjuraban para ir juntos de la mano y reclamar a las administraciones «un proceso de selección transparente y con criterios objetivos».
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