La provincia solo mantiene dos empresas públicas de vivienda con actividad

La Junta de Andalucía ha afeado a Sánchez esta propuesta porque entiende que las competencias de este tipo las tienen las autonomías. Dentro de los ciclos del mercado de la construcción, los ayuntamientos grandes se lanzaron a ayudar a sus vecinos convirtiéndose en promotores de viviendas protegidas, un modelo que estuvo en auge en la primera década de los 2000 y que fue languideciendo con el pinchazo de la burbuja.

De hecho, en la provincia de Granada llegaron a existir ocho empresas municipales de vivienda y suelo y de esas, dos de ellas siguen con vida, una de estas enchufada al respirador.

Con la crisis del ladrillo –que duró hasta 2014– el reventón del mercado no permitía que se diese salida ni a la vivienda privada con los precios rebajados por lo que promover VPO no era rentable. Durante los años de parón inmobiliario, ni a los bancos, que ya tenían una gran bolsa de viviendas libre sin vender, les interesaba financiar nuevas promociones de VPO ni a los promotores llevarlas a cabo. El escenario ha cambiado por completo y por eso el Gobierno se plantea que sería buen momento para volver a promover VPO desde las administraciones.

En la provincia de Granada llegaron a convivir ocho empresas municipales de vivienda y de esas, tan solo dos se mantienen activas. Cerraron las dos más grandes: la capital y Motril y es Visogsa –la de Diputación– la que mantiene el tirón a pesar de que ha estado al borde de la quiebra. La venta de viviendas que tenían colgadas y el cobro de algunos conceptos que tenían pendientes sacarán adelante la empresa pública más potente de Granada que se ha quedado prácticamente sola en esta aventura de promover viviendas desde lo público. Los promotores privados ven tan complicado el proceso de construir VPO que dudan del éxito de promoverlas desde lo público.

En principio, el coste es un handicap que resta a la hora de levantar este tipo de viviendas que «no son rentables fuera de Granada capital», de acuerdo con la normativa actual que establece los precios por zonas. «Desde que se adquieren los suelos hasta que se venden pueden pasar cuatro años. Después hay que sacarlas al mercado y promocionarlas algo que es difícil desde estas empresas», apunta el gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de Granada, Francisco Martínez Cañavate. Sí es cierto que ahora es buen momento para construir pisos protegidos en la capital, que hay demanda y que las empresas privadas están promoviendo este tipo de viviendas pero, con los ciclos de la construcción, esto puede cambiar en cualquier momento.

IDEAL realiza un recorrido por la trayectoria de estas empresas para analizar su futuro.

La empresa de vivienda del Ayuntamiento de Granada se creó en 1987 y se cerró en 2015, 28 años después. Se deshizo del suelo para construir VPO ante la nula demanda de este tipo de pisos. Cuentan que, por aquel entonces, el precio de la vivienda estaba bajo y costaba más hacer viviendas de protección oficial que al precio al que se podían vender. La oposición del Ayuntamiento ante su disolución dijo que se podría haber conservado pero que su liquidación sirvió para arreglar «fiascos» de Torres Hurtado como la LAC. La explicación del gobierno municipal ante el cierre, a través de la concejala de Urbanismo Isabel Nieto fue que no podían llevar «una empresa al límite» en esos momentos que tenía «unos resultados positivos».

Una de las últimas operaciones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo granadina fue el «deshacerse» de las viviendas de protección oficial que construyó hace ya algunos años en La Chana, en el edificio Apache. Ya había lanzado una oferta del 15% de descuento sobre el precio inicial, pero no conseguían vender los pisos. Llegaron a rebajar un 32% el precio y la responsable de Urbanismo insistió antes del cierre de la empresa que los pisos tampoco se alquilaban porque «no había –por entonces– demanda de vivienda protegida».

Dos años antes de cerrar indicaron que estaba «saneada», con resultados positivos y con «expectativas de futuro». presenta resultados positivos y tiene expectativas de futuro». La empresa pública renunció a la gran obra que tenía prevista para 2013, la construcción del edificio Cheyenne, junto al gimnasio We, porque argumentaron que no iban a poder vender estos pisos de protección oficial.

Visogsa, empresa de la Diputación, se mantiene en pie pero en estado crítico. De hecho, el gobierno provincial que entró en julio de 2023 se la encontró con respiración asistida y en la UCI. En vez de cerrarla, optaron por un plan para reactivarla e intentar saldar deudas e ingresar más dinero. Desde la empresa provincial tienen la experiencia de que ahora es buen momento para construir VPO. Una de las medidas para mantener Visogsa será la venta de 135 viviendas vacías o de alquiler con opción a compra. El edificio que está a punto de terminarse en la Chana tiene prácticamente todos los pisos vendidos. Ya no se la jugarán más. De hecho, el diputado responsable de esta empresa, José Ramón Jiménez, indicó que solo se construirá una promoción cuando estén reservados al menos el cincuenta por ciento de los pisos.

En plena crisis de la vivienda, en Motril, el Ayuntamiento disolvió su empresa de suelo (en 2011). El Ayuntamiento culpó a esta situación generalizada del mercado de la vivienda por aquel entonces y argumentó que era insostenible el gasto anual de 250.000 euros que costaba mantenerla. Por aquel entonces gobernaba el PP y dijeron que frente a las 400 viviendas de VPO que había construido la iniciativa privada en cuatro años, esta empresa solo había sacado adelante 48 pisos.

El Ayuntamiento de Albolote creó una empresa de vivienda alrededor de 2004 y ahora realiza las últimas gestiones para lilquidarla. Cuenta su alcalde, Salustiano Ureña, que tuvo su gran acierto con la promoción de unas viviendas de alquiler para mayores y que después se lanzó a la construcción de VPO y que no pudieron vender todas. «Se quedaron once sin compradores y se seguirán alquilando desde el Ayuntamiento así como las de mayores de 65», cuenta el regidor de Albolote. Ureña recuerda que era complicado vender vivienda de protección oficial en tiempos de la crisis de la construcción y que vieron que era complicado promover este tipo de inmuebles desde una empresa pública. Emusur se cerrará en breve después de liquidar su deuda con Visogsa –empresa de Diputación– ya que nació con un diez por ciento de acciones de la empresa provincial de suelo.

Emuviba, la empresa del Ayuntamiento de Baza, es la que se puede considerar que tiene aún algo de actividad. Esta entidad ha construido una promoción de diez viviendas recientemente. Además, ha estado en crecimiento ya que, desde 2020, aumentó la cifra de negocio a la vez que incrementó la plantilla en un cincuenta por ciento. En 2024 Emuviba ha contado con un presupuesto de 565.670 euros, lo que la convierte en la empresa más activa junto con Visogsa.

Armilla cuenta entre sus empresas públicas con Armuvissa, una entidad para la construcción de vivienda protegida, que ahora mismo consta en el inventario de este Ayuntamiento pero no consta que promueva edificios en la actualidad. En la web municipal se explica que es una sociedad mercantil de carácter público constituida por el Ayuntamiento de Armilla con capital íntegramente municipal, cuyo objeto social es amplio y sus actividades son la gestión de suelo, promoción y construcción de viviendas protegidas; gestión del parque público municipal de viviendas en alquiler; gestión del parking público de la plaza de la Constitución y administración del registro municipal de demandante de vivienda protegida, entre otras actividades.

De la Empresa Municipal de Vivienda y Servicios de Guadix hay poca información. Desde el Ayuntamiento indican que no se ha liquidado pero que básicamente su función en la actualidad es básicamente gestionar el registro de demandantes de vivienda protegida.

Salobreña cuenta con la empresa Eprodesa que tiene poca actividad. Hace unos meses el gobierno municipal anunció la compra por parte del Ayuntamiento del 10% que corresponde a Visogsa. Este será el paso previo para saldar la deuda ya que, tras una auditoría, quieren que siga en funcionamiento.