Vuelven a trasladar el médico de Darro a Purullena por humedades

Según ha podido saber este periódico, los trabajadores han sufrido dificultades para respirar por esta razón, motivo por el que esta semana alertaron al área de riesgos laborales. No es la primera vez que el consultorio se ve afectado por esta situación. Tres veces más ha cerrado el centro de salud de Darro por problemas de goteras y humedades desde que el piso de arriba fuera okupado el pasado 8 de agosto por una familia del pueblo. Una bañera del baño y una manguera provocaron a principios de octubre las primeras filtraciones, cuando la familia ya llevaba dos meses en el lugar.

El Ayuntamiento subsanó el problema y recuperaron la actividad. Volvieron a cerrar por la misma razón a principios de noviembre y, posteriormente, tres semanas después, también por nuevas filtraciones y moho en las paredes y parte del techo. La humedad en el interior causó que la médico tuviera que tomar antibióticos por una inflamación en los pulmones. Esta situación hizo que los profesionales se manifestasen en la puerta del consultorio el 29 de noviembre para reclamar medidas e incluso llevó al alcalde a valorar la posibilidad de instalar módulos portátiles donde trasladar la atención médica.

Desde el área sanitaria Nordeste indicaron que el servicio se mantendrá en esa localidad «hasta que el Ayuntamiento de Darro tome medidas» y reclamaron una solución «definitiva» a esta situación. Ya pidieron anteriormente al alcalde un nuevo consultorio para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

El Ayuntamiento de Darro ha puesto a disposición de los vecinos el coche de la Policía Local del pueblo para que los habitantes que no cuentan con vehículo tengan cómo desplazarse hasta Purullena, situado a 12 kilómetros de distancia.

Según pudo constatar IDEAL, que estuvo dentro de las instalaciones el pasado octubre, la vivienda está totalmente equipada: dispone de dos habitaciones, una cocina, un salón y un baño. Fue okupada cuando los trabajadores del centro y los vecinos del pueblo se manifestaban por las agresiones que sufrieron varios médicos en la localidad en verano.

La sentencia del juicio del caso –que el Ayuntamiento denunció ante la Guardia Civil– determinó que el consistorio tendrá que buscar una casa a la familia. Los 'inquilinos' tendrán que pagar 480 euros por haber cometido un delito leve de usurpación. La cifra corresponde a una multa que equivale a ocho euros diarios por cada uno de los progenitores que compone el núcleo familiar que se 'instaló' en esta parte del consultorio médico. El Juzgado número 1 de Guadix determinó que los okupas deberán restituir, «siempre que sea posible», el bien y abonar el deterioro que hayan provocado durante estos meses.

Los denunciados recurrieron la sentencia con un recurso de apelación y alegaron que el inmueble «no reúne las condiciones de habitabilidad ni seguridad residencial».