Una treintena de pueblos piden ayuda para controlar el agua no registrada y el fraude
Las segundas residencias o los términos municipales diseminados son algunos de los factores que favorecen esta práctica
Una treintena de pueblos de la provincia han solicitado en los últimos cinco años la subvención que ofrece la Diputación de Granada para mejorar el ... ciclo integral del agua en el territorio. El objetivo de esta ayuda, que nació en 2020, es controlar el agua no registrada y detectar el fraude de este suministro. Según datos de la administración provincial, el 60% del agua del territorio de Granada se pierde por fugas o averías en las redes de abastecimiento, por fallos en los contadores antiguos o por fraude. Este último motivo es un problema «histórico» en muchas localidades, al que sus alcaldes se enfrentan desde hace décadas y que, en puntos como Iznalloz, causa un perjuicio económico anual de 300.000 euros en las arcas municipales. Esto ha llevado al equipo de gobierno a comprar 300 contadores digitales para reducir el impacto negativo que tiene en el consistorio.
Las localidades afectadas por este problema son Albuñol, Algarinejo, Beas de Granada, Benalúa de Guadix, Carataunas, Dúrcal, Freila, La Malaha, La Peza, Polícar, Ventas de Huelma, Sagra, Arenas del Rey, Beas de Guadix, Cadiar, Caniles, Escúzar, Los Guájares, Escúzar, Guejar Sierra, Huétor Santillán, Moraleda, Órgiva, El Pinar, Piñar, Turón, Piñar Jayena. Torrecardela, Salar, Santa Cruz del Comercio y Murtas.
El excesivo consumo de agua en un territorio en comparación a la población que hay en él es el principal factor que hace saltar todas las alarmas entre los afectados. El alcalde de Loja, Joaquín Camacho, asegura que su Ayuntamiento ha desarrollado diversas campañas de control de defraudación de agua. En la última, eliminaron hasta 70 enganches ilegales. Lo hicieron a través de una empresa especializada que introduce la maquinaria por las tuberías para saber qué viviendas no tienen contrato.
Después, tal y como señala el primer edil, el procedimiento a seguir es firme y tajante. «Una vez identificado el fraude, cortamos el suministro y sancionamos a los responsables», afirma el regidor, que asegura que esta situación cuesta decenas de miles de euros al año a su Ayuntamiento.
Territorio diseminado
Los fraudes en Loja se han detectado sobre todo en segundas residencias. No solo en barrios marginales, también en el centro de la localidad o en pedanías. En caso de los anejos, «es mucho más alarmante el consumo desproporcionado de agua en relación a la población que reside en el lugar».
Lo mismo sucede en Órgiva. Su alcalde, Raúl Orellana, manifiesta que la dispersión del terreno de todo el término municipal favorece la existencia de fraude en el consumo.
El área residencial de cortijos es muy amplio y es ahí donde tienen un coste general de agua muy elevado, motivo por el que hacen una revisión periódica y continua de este problema. En algunos pueblos, como Iznalloz, el consumo de agua es hasta doce veces mayor en estos domicilios que en los que el suministro existe de forma legal.
Además de ser un problema «histórico» en esta localidad de los Montes Orientales, en otras zonas, como en Marchal, pudieron frenar este excesivo uso ilegal del bien de primera necesidad hace un par de años por una actuación en la que detectaron estos desvíos que no aparecían registrados en los contadores. Uno de los factores que empeora este problema es que numerosas localidades tienen contadores obsoletos o que incluso están trucados, por lo que no se contabiliza de forma real el consumo de agua.
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