El sector primario, contrario a la creación del Parque Natural de la Sierra de la Sagra

El secretario general de Asaja Granada, Manuel del Pino, asegura que su organización está «en contra» de este tipo de figuras de protección, por la experiencia negativa en otros parque de la provincia, y está elaborando sus alegaciones al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuyo plazo de presentación se ha ampliado hasta el 3 octubre.

«La declaración de parque natural perjudica a los agricultores y ganaderos, porque supone una serie de limitaciones al uso de su propiedad, en nombre del bien general, de la conservación medioambiental, sin que se contemple ninguna contraprestación económica», recuerda. «Los ganaderos no van a poder pastar donde lo hacen ahora, y los agricultores no podrán arreglar caminos, mantener viviendas o cortijos, hacer cambios de uso en sus parcelas o transformar secano en regadío», apunta como ejemplos.

La postura de Nicolás Chica, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), es similar. «La preservación del medio es importante, pero se tiene que ser consecuente con los aprovechamientos agroganaderos existentes en las zonas que abarcan el futuro parque natural –señala–. La regulación y el mayor control que traiga consigo la declaración de parque natural no pueden en ningún caso coartar los intereses de los agricultores y ganaderos, los cuales tienen que ser tenidos en cuenta en la toma de decisiones, pues son los activos principales del territorio y bajo ningún concepto su actividad agrícola y ganadera y desarrollo empresarial se pueden ver perjudicados por un marco jurídico más restrictivo».

Por su parte, la Asociación de Propietarios Forestales de Andalucía Oriental (Foret) ha expresado su preocupación por que la noticia de la declaración del parque de La Sagra «se dé por hecha, aun estando en pleno proceso de alegaciones», y considera que esta decisión «puede agravar aún más el problema estructural de despoblación que sufre nuestra sierra, tal y como ya ha ocurrido en otros espacios protegidos durante los últimos 30 años».

La asociación recuerda que en el territorio que se prevé proteger el 75% de la superficie está en manos de propietarios privados que se verán sometidos a mayores restricciones, limitaciones y trámites administrativos. «Estas medidas, en lugar de fomentar la conservación, acabarán desincentivando la gestión activa del territorio, promoviendo su abandono y generando un efecto contrario al que supuestamente se pretende con esta figura de protección», sostiene Foret.

«Mientras desde múltiples ámbitos técnicos, tanto nacionales como europeos, se defiende la necesidad de aplicar modelos de gestión sostenible, selvicultura adaptativa y recuperación de tierras agrícolas abandonadas para generar un paisaje en mosaico, equilibrado y resiliente, nos encontramos con la imposición de un marco normativo rígido, diseñado hace más de tres décadas, que no responde a los desafíos actuales ni a la realidad de los propietarios ni del medio rural», añaden los propietarios forestales.

A su juicio, hasta ahora, en la tramitación de esta figura de protección, solo se ha pensado en el desarrollo turístico de la zona, sin tener en cuenta «las propuestas de quienes realmente gestionan y viven el territorio». «Seguiremos defendiendo un modelo de conservación que tenga en cuenta a las personas, que genere riqueza, que permita fijar población y que se base en la gestión activa, no en la mera restricción», afirma la asociación.

En ese sentido, resalta que la ampliación del Parque Natural de Despeñaperros, en Jaén, se ha limitado a monte público, porque los propietarios privados no han querido participar. «Un ejemplo más de por qué cualquier figura de protección debe construirse con diálogo y consenso, no a espaldas del territorio», finaliza.