Puede ir 11 años a la cárcel por estafar a dos hermanas en la permuta de una finca en Cijuela

El ministerio público, en el escrito de acusación provisional, considera los hechos constitutivos de supuestos delitos de estafa, por el que pide siete años de prisión y multa de 5.400 euros, y de insolvencia punible o alzamiento de bienes, por el que solicita los otros cuatro años de cárcel y multa por la misma cantidad.

Los hechos, que han conllevado un periplo judicial de alrededor de una década, se remontan al 3 de abril de 2006. El acusado, como administrador y socio único de una sociedad limitada, celebra con las querellantes escritura pública de permuta de la finca de Cijuela a cambio de entregarles 21.000 euros en efectivo, y de 30.000 euros en dos cheques, así como un piso para cada una de las hermanas, y dos cocheras, antes del 13 de abril de 2008.

Con la firma de la escritura de entrega, también abonaría a cada una la cantidad de 19.500 euros. Llegada la fecha, el acusado «no había acabado la construcción y no había cumplido con el plazo», y, actuando con «ánimo de ilícito beneficio», según el fiscal, era «plenamente consciente de su previa y total insolvencia».

Había realizado supuestamente hasta entonces un 36,5 por ciento de la obra, tasado en 219.423 euros, y convenció a las hermanas, según el relato de la acusación pública, para que firmaran un nuevo contrato, pese «a no tener intención alguna» de terminar la obra, entregándole a cada una 15.000 euros, quedando pendiente de entregar, por tanto, 4.500 euros, y los pisos y las cocheras.

Procedió, en agosto de ese mismo año 2008, a «gravar» la finca «con anotación preventiva de embargo» para subsanar otra deuda de la empresa. Siguió negociando supuestamente con la finca permutada, sin que las querellantes supieran «que la finca estaba embargada».

Habría llegado a utilizarla, por escritura pública de 14 de mayo de 2009, para constituir sobre ella una hipoteca con un plazo de amortización de 180 meses, de cuyo dinero se habría apropiado.

Demandado ante la justicia ordinaria, cuando recayó sobre él sentencia en contra, el acusado «carecía de bienes» sin haber comunicado la transmisión de la empresa a otras personas que no han sido investigadas al haber prescrito el delito de insolvencia punible que se les habría podido imputar.

Está previsto que los hechos sean enjuiciados el próximo martes 8 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.