La requisa de 10.700 jamones es la mayor operación en seis años en Granada por presunto fraude alimentario

Un agente de la Guardia Civil examina la mercancía intervenida. :: G. C. /
Un agente de la Guardia Civil examina la mercancía intervenida. :: G. C.

Buena parte de las piezas encontradas había caducado ya en 2015

C. MORÁN GRANADA.

Si se atiende a la notable envergadura del decomiso, fue una operación pata negra. La requisa de más de diez mil jamones y embutidos ibéricos caducados o podridos que estaban almacenados en unas cámaras frigoríficas instaladas en el interior de una nave en Fuente Vaqueros, es la mayor incautación por un presunto fraude alimentario registrada en Granada en los últimos seis años. Y eso como mínimo, porque no se puede descartar que sea la de más volumen en lo que va de siglo XXI.

Lo cierto es que, mientras la investigación de la Guardia Civil prosigue para aclarar qué destino pensaban dar sus dueños a la mercancía, fuentes de la consejería de Salud de la Junta de Andalucía confirmaron que no hay precedentes cercanos de un cargamento de semejante tamaño.

En 2012 se produjo un decomiso de parecidas proporciones: diez toneladas de carne, principalmente chacinas, que tenían etiquetas falsas para ocultar que la fecha máxima de consumo ya se había superado. Pero teniendo en cuenta que entre el género interceptado ahora en Fuente Vaqueros había cientos de jamones -con un peso medio por pieza de seis o siete kilos-, todo apunta a que este último 'alijo' no tiene parangón.

Destrucción

Los productos en cuestión, algunos de los cuales ya estaban putrefactos, fueron puestos a disposición de la Junta, que es la institución encargada de supervisar su destrucción. En este sentido, en la provincia existen varias empresas especializadas en esa materia. Las fuentes de Salud consultadas indicaron que ese servicio lo debe pagar de su bolsillo el propietario del cargamento.

Se da la circunstancia de que los jamones y los embutidos -catalogados como ibéricos muchos de ellos- estaban guardados en unas cámaras frigoríficas de alquiler. Esto es, que su propietario las cede a cambio de dinero. Así las cosas, el dueño de los alimentos en mal estado sería otra persona.

Sea como fuere, un portavoz de la Guardia Civil, cuyos agentes fueron los que llevaron a cabo la requisa, indicó que aún no tenían la certeza de que las piezas incautadas fueran a ser distribuidas para el consumo humano, lo que significaría que se habría producido un presunto delito contra la salud pública. El caso se encontraría todavía en la etapa de infracción administrativa.

La operación que se saldó con el decomiso de 10.700 jamones y embutidos ibéricos congelados en un nave de un polígono industrial del municipio de Fuente Vaqueros, comenzó a tomar cuerpo el pasado 26 de junio, cuando una patrulla de la Guardia Civil de Pinos Puente dio el alto a un camión frigorífico que transportaba 25 palés con productos de cerdo ibérico que estaban irregularmente etiquetados o directamente podridos.

Los guardias preguntaron por el destino del cargamento y así llegaron a la nave llena de jamones y embutidos. Buena parte de las piezas, al igual que ocurría con las que los patrulleros habían hallado en el camión, habían caducado en 2015. Otras estaban ya en avanzado estado de putrefacción. Los guardias también echaron en falta los albaranes que acreditasen la procedencia de la mercancía y varios de los sellos «inspeccionadas presentaban indicios de haber sido manipulados», según informó el propio instituto armado

A la vista de todas esas anomalías, la Guardia Civil inmovilizó el cargamento y alertó a la Junta de Andalucía, que asumió la destrucción de los jamones y embutidos tras corroborar que su eventual ingesta podría poner en riesgo la salud pública.

La incautación de 2012

En la operación de 2012, la más parecida por sus dimensiones a la que ha ocurrido ahora en Fuente Vaqueros, hubo detenciones. En aquella ocasión, la Guardia Civil intervino más de diez toneladas de carne que también estaban almacenadas en una nave de una localidad cercana a la capital granadina.

Las pesquisas de los agentes del instituto armado concluyeron que el fraude consistía en adquirir productos a punto de caducar, o ya caducados, que se volvían a etiquetar con datos de envasado falsos para, posteriormente, ofrecerlos a tiendas y restaurantes. Los inspectores de Salud tuvieron que visitar diversos establecimientos que podían haber comprado la mercancía para retirarla de la circulación. En total, veinte negocios habían adquirido los alimentos en mal estado, pero, por fortuna, no se produjo ninguna intoxicación.

En 2005, también tuvo lugar otra intervención de este tipo en Granada que se saldó con la requisa de más de mil pollos asados precocinados que estaban en mal estado. Cuatro personas enfermaron tras ingerirlos.

 

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