La Junta destina 16,7 millones a conservar 650 kilómetros de carreteras granadinas

«La seguridad vial debe prevalecer ante todo, porque sabemos que invertir en el cuidado de nuestras carreteras salva vidas», ha manifestado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que ha señalado que los contratos se han diseñado sobre la base «de que sean competitivos, garanticen la vialidad y sean acordes a las necesidades actuales de la red viaria autonómica».

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda reparte los servicios de conservación en 36 zonas territoriales. Cinco corresponden a la red viaria de la provincia de Granada y, de ellas, dos se licitaron a mediados de febrero. Una vez ha expirado el plazo, se han recibido 20 ofertas para atender la zona Norte, con 318 kilómetros y 9,5 millones de presupuesto; y 24 ofertas para la demarcación Sur, con 329 kilómetros y 7,1 millones de euros. Este montante ha tenido en cuenta de que los dos centros de conservación cubren 540 kilómetros que se encuentran a una elevada altitud y que se incluyen dentro del Plan de Vialidad Invernal por riesgo de nieve.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda inicia ahora este proceso de contratación para así evitar que se repita la situación vivida a principios de 2019, cuando nada más llegar el Gobierno de Juanma Moreno se encontró con la mayoría de contratos de conservación de la red viaria caducados o a punto de expirar y sin posibilidad alguna de recurrir a una prórroga. Estos dos lotes de la provincia de Granada forman parte, de hecho, de la primera remesa para la renovación de todos los contratos que velan por la vialidad de los más de 10.500 kilómetros de red viaria.

Los nuevos contratos tendrán una vigencia de tres años más una posible prórroga de dos más, con un incremento del presupuesto de un 13% de media. Los lotes cuentan con dos novedades frente a los anteriores. El primero es que Andalucía incluye ya la revisión ordinaria de precios conforme a la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público publicada en mayo del pasado año. Esta posibilidad, ya recogida con carácter general para los nuevos contratos de servicios, se suma también a la revisión excepcional de precios de conservación realizada durante 2023, que venía a atender una petición del sector, que solicitó un incremento de las partidas que compensara la subida de los costes de los materiales.

Además, se han introducido en estos contratos mejoras en materia laboral, que van a favorecer que las empresas adjudicatarias puedan hacer frente con garantías a sus obligaciones salariales con el personal de los servicios de conservación. Al respecto, no sólo se defiende un buen servicio de 24 horas y los 365 días al año, sino también unas condiciones dignas a una plantilla de los servicios de Conservación.

Las labores de conservación son fundamentales para asegurar que la movilidad por las carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para los usuarios, y conllevan la realización de un conjunto de intervenciones de muy diversa tipología: como reparaciones de firmes, mejoras de arcenes, la limpieza, reposición y colocación de elementos de señalización vertical y balizamiento, el repintado de marcas viales, la reparación de obras de fábrica, la protección o, en su caso, reconstrucción de cunetas o cursos de agua; la reparación y colocación de elementos de defensa o vallas de cerramiento; la mejora de márgenes o estabilización de taludes o el control de vegetación. Por último, se incluyen intervenciones en casos excepcionales que hagan necesaria la intervención inmediata de estos equipos.

Los servicios de las operaciones de conservación tienen como misión garantizar que las carreteras se encuentren en condiciones normales de vialidad y seguridad. Para ello, las empresas adjudicatarias realizarán, en primer lugar, todas las actividades y operaciones de ayuda a la vialidad, de reparación de elementos dañados y de ayuda a la explotación. En este apartado se incluye el mantenimiento de las instalaciones generales necesarias para llevar a cabo los servicios de conservación y explotación.