La Junta analizará «caso a caso» las viviendas irregulares en Granada para intentar legalizarlas

Este tipo de viviendas suelen tener luz de obra y, en algún momento, corren el riesgo de que se la corten. Además, al no poder inscribirlas, no tienen acceso a una hipoteca. Gracias a la nueva medida, se podrán regularizar y tener una seguridad jurídica, según apunta Antonio Granados, delegado de Fomento en Granada.

Por eso, han decido actuar después de dos leyes y dos decretos en ocho años –de gobiernos anteriores– «que no han servido para resolver esta situación en su conjunto». Para la consejera, no han sido más que «parches» que han embrollado más la situación.

Mientras que llega la ley definitiva, la Junta ha aprobado un decreto para poder regularizar de manera 'exprés' las viviendas que lo tengan más fácil por el tipo de suelo en el que se encuentren. Dicen que no se puede generalizar en esto y que casi habrá que analizar caso por caso. «La casa que esté en el cauce de un río, evidentemente, habrá que derribarla, pero sí está en uno de sus márgenes tal vez pueda tener solución», explica el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo.

En Granada hay problemas con este tipo de viviendas irregulares en Atarfe, Granada capital, Almuñécar y Sorvilán, entre otros, por licencias en suelo urbano con problemas con la edificabilidad, densidad, altura... y algún estudio de detalle conflictivo.

En la Alpujarra y en muchos municipios, como Cogollos Vega, hay viviendas irregulares aisladas. Motril también ha regularizado ya un número significativo de viviendas ilegales, sus famosos cortijos fuera de ordenación. Entre estos casos de irregularidades que podrían legalizarse hay una parcelación histórica muy importante en Moraleda de Zafayona, mayor casi que el núcleo urbano. «La provincia de Granada no es especialmente problemática por las parcelaciones. Dado el parcelario agrario menudo, tipo minifundio, lo que suele encontrarse son edificaciones aisladas que cada propietario construye en su parcela», expresan desde la delegación de Fomento, que ha empezado ya a buscar viviendas irregulares que legalizar en la provincia de Granada.

De manera inmediata, este mismo mes, se va a dictar una instrucción permitiendo la declaración de AFO –Asimilado Fuera de Ordenación, es decir, en el limbo– a las viviendas que estén en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable.

Pese a estar en suelo urbano pueden ser viviendas irregulares porque no hayan respetado los metros, porque no se hayan retranqueado lo suficiente o cualquiera de estas incidencias que ahora podrán salvarse para, una vez construida, que esa casa pueda regularizarse. «Se trata de permitir el reconocimiento de asimilado fuera de ordenación sin tantos cortapisas e impedimentos que no están en la ley», señala la consejera Marifrán Carazo. La solución a los asentamientos en suelo no urbanizable es más compleja. La normativa actual no permite otro modo de actuar que incorporar esas urbanizaciones a los planes generales de ordenación urbana, un proceso complejo, lento, y que en numerosos casos acaba en los tribunales, con lo cual se tarda años en solucionar el problema o la solución nunca llega. Para esto es necesario cambiar la actual normativa.

Además de legalizar lo irregular, la Junta velará porque esta situación no se de más. «Hay que controlar y evitar que se produzcan nuevas actuaciones irregulares. Por ello, vamos a priorizar la actuación inspectora; creemos que la inspección debe intervenir al principio de la actuación irregular cuando cause menor perjuicio, actuando con responsabilidad en materia de disciplina urbanística», expresa la consejera de Ordenación del Territorio.

Con estas medidas, se prevé resolver el problema de cada asentamiento sin que se tenga que esperar a la aprobación de los planes generales. Se hará a través de planes especiales autónomos. Para Carazo, se trata «de un problema complejo, que tiene muchas aristas, casi tantas como viviendas irregulares existen en Andalucía», de ahí que haya afirmado que «eso supone analizar y estudiar, casi caso a caso, la situación y circunstancias de cada una de esas edificaciones y pensar y definir las diferentes soluciones concretas en los planes especiales».

Estas acciones pretenden acabar con «la inacción que durante casi cuarenta años se ha generado en torno al problema de las viviendas irregulares por parte de los gobiernos socialistas», indica la consejera. «En Andalucía no se ha sabido abordar esta situación anómala que afecta a miles de familias andaluzas. Son unas 300.000 las familias que están a la espera de que la Junta les resuelva, de una vez por todas, un problema que pesa como una losa sobre ellas desde hace años, que les priva de servicios esenciales y les mantiene en una grave inseguridad jurídica», denuncia Marifrán Carazo.