La jueza ordena el traslado de los caballos de Dúrcal por «riesgo inminente» de muerte

La actuación se llevó a cabo con más de ocho camiones y fue custodiada por agentes del Seprona y de la Policía Judicial de Guardia Civil. Cuando el primer vehículo estaba preparado para partir, la expareja del encarcelado intentó frenar el traslado. A gritos y con acusaciones de «chantaje» y «soborno», la mujer, visiblemente alterada, defendió el buen estado de los caballos. Entre los argumentos para intentar detener que se cumpliese la orden judicial, también alegó que no eran de su expareja: «Son de mis hijos y de otras personas», gritaba entre lágrimas. Asimismo, solicitó que se aguardase hasta que hubiese otro informe veterinario. Pero hasta principios de la semana que viene no se recibirá.

Los caballos continúan siendo propiedad de los actuales dueños. «Se trata de una designación temporal a la espera de la finalización del procedimiento judicial», explicó David Sánchez. El propietario se encuentra en prisión por un presunto delito relacionado con el tráfico de drogas. El abogado añadió que se llevan a las asociaciones de Málaga y Sevilla porque «cuentan con instalaciones idóneas para el cuidado de estos animales».

Entre los motivos por los que la jueza ha decretado la orden está la situación de siete caballos en «riesgo inminente» de morir. También porque debido al espacio en el que se encuentran «existe un riesgo potencial a que se incremente ese número». El abogado David Sánchez señaló que en la parcela y en el establo donde se encontraban los 90 equinos «no debería haber más de 20». Además, el gran número de animales ha provocado que los ejemplares más débiles no pudiesen acceder a la comida. A esto se le suma que la explotación «no cumple con la normativa en cuanto a documentación administrativa».

La expareja del propietario del terreno se enfrentó ayer, con evidentes muestras de nerviosismo, a la decisión judicial y bloqueó el paso del primer camión. Según dijo, esperan un informe veterinario de la Oficina Comarcal Agraria, que visitó la finca el pasado jueves. También una veterinaria contratada por la familia se personó ayer en la parcela. En total ha habido cuatro informes. El resultado de dos de ellos fue suficiente para que la jueza ordenara la resolución.

Ante la situación de tensión vivida en la explotación, acudieron agentes de la Guardia Civil de Dúrcal, Policía Local del mismo municipio y del vecino Padul. Finalmente, se personó el abogado de la familia propietaria del terreno y tras una conversación entre los asesores legales de ambas partes, pudo salir el primer camión. La familia propietaria avisó a los miembros de 'Burrito' de que irían a comprobar las condiciones en las que se encuentran sus caballos. No obstante, el abogado de las asociaciones protectoras apuntó que la familia puede recurrir la resolución de la jueza de Órgiva.