Granada contará con 2,5 millones de euros a través del Plan Corresponsables 2024 para la conciliación

El Plan Corresponsables 2024, cuyo plazo de presentación de proyectos concluye el próximo 25 de julio, estima en cerca de 1,8 millones de euros, la cantidad que recibiría la Diputación provincial para atender a los municipios menores de 20.000 habitantes. Para la ciudad de Granada, la cuantía de las ayudas a recibir sería de 358.646 euros, para Almuñécar, 42.184; Armilla 122.875 euros; Baza obtendría 34.230 euros; Las Gabias 45.583, Loja 35.517 euros, Maracena 41.420, y Motril 108.841 euros.

Según destacó Granados, este plan «va en consonancia con el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad, recientemente firmado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y la Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos (ATA-A), siempre en el marco de la negociación y sobre todo de la participación». En su intervención, quiso recordar que este plan es un «ejemplo de la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por los más vulnerables», recordando que «6 de cada 10 euros del presupuesto de la Junta se destinan a gastos sociales, lo que supone el 62%».

Por su parte, la delegada de Inclusión Social, puso el acento en la importancia de este plan, ya que «sin corresponsabilidad ni conciliación es imposible que haya igualdad. Es una cuestión que nos incumbe a toda la sociedad». Ortiz señaló que esta la línea de subvenciones, para todo el territorio andaluz, cuenta con más de 18 millones de euros, dentro de los más de 31 millones de financiación total para el Plan Corresponsables.

Proyectos

Los proyectos presentados podrán ejecutarse hasta el 30 de septiembre de 2025 y deberán consistir en la puesta en marcha de servicios de ciudadano profesional para familias con hijos e hijos de hasta 16 años de edad que atiendan en domicilios o espacios preferentemente públicos.

Dentro de los criterios a valorar, se tendrán en cuenta proyectos dirigidos a familias monoparentales y monomarentales, familias numerosas, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y, unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados.