El Gobierno rechaza la zona catastrófica en Beas por los derrumbes en la ladera

Así lo ha trasladado en una respuesta parlamentaria en el Congreso a preguntas de los diputados populares granadinos Pablo Hispán, Carlos Rojas y María Lourdes Ramírez. Los parlamentarios preguntaron en su instancia el pasado 4 de marzo sobre la petición que el Ayuntamiento de la localidad ejecutó el pasado septiembre, tras sufrir los vecinos del entorno diversos desprendimientos.

Según la respuesta de la administración, «no se dan las condiciones necesarias para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil», ya que para ello «se requiere una alteración grave en las condiciones de vida de la población o paralización de los servicios esenciales». «No consta ninguna comunicación del servicio autonómico de emergencias en nivel 1 o 2 en las fechas indicadas, siendo este un requisito previo necesario», aparece detallado.

No obstante, el Ayuntamiento de Beas de Guadix no ha recibido una respuesta oficial. A preguntas de este medio, Subdelegación ha confirmado que Protección Civil no han otorgado ninguna contestación.

El alcalde del municipio, Juan Jesús Porcel, aseguró que se reunirán con los técnicos de emergencias para replantear la situación y evaluar otras opciones.

El equipo de gobierno de la localidad aprobó por unanimidad en el pleno de septiembre el expediente de la petición y lo notificó a las distintas administraciones.

El proyecto incluía un documento sobre la actuación que se contemplaba en el terreno, así como un informe definitivo de bomberos, que estuvieron en el lugar de los hechos la noche en la que se produjeron los desprendimientos en agosto. Según el anteproyecto elaborado por Diputación, la obra asciendía a 885.000 euros, una cifra que el primer edil indicó que era inasumible para el consistorio. Son 31 las viviendas afectadas por la ladera y se ubican justo debajo del cerro y en la calle Perchel.

El informe proponía como solución a los derrumbes quitar presión a la ladera. Esto se haría a través de la eliminación escalonada de la tierra que compone el cerro, que mide 30 metros de altura.

El desmonte se ejecutaría hacia atrás, en la parte en la que no hay viviendas y dejaría el terreno escalonado. Además de la reducción del peso, también se desarrollarían tareas de sujeción y fijación de la parte no desmontable, así como un refuerzo de la fachada. Así conseguirían acabar con los desprendimientos de montones de tierra y rocas que sufren los vecinos desde hace 15 años.

La actuación incluía también el realojo de las 31 familias que viven en la zona durante los siete meses que está prevista que dure la actuación. Los bomberos ordenaron tras los desprendimientos del pasado 23 de agosto el desalojo del lugar, una orden que se mantiene a día de hoy, aunque los vecinos se niegan a abandonar sus casas, una decisión que asumen bajo su propia responsabilidad.Este problema ya obligó en noviembre de 2021 a cerrar el centro de interpretación de la localidad, como medida preventiva por motivos de seguridad por los derrumbes que se registraron también por las lluvias de otoño. La última gran caída de tierra en el entorno se produjo en 2023, cuando el regidor ya denunció la situación de emergencia en la que vivían los residentes.