Desahucian a una familia de Deifontes con una niña de cinco años tras tres intentos de lanzamiento

La Diputación, que en la mañana de este miércoles había exigido que se paralizara la ejecución del desahucio por no estar garantizado que esta familia disponga de otro lugar en el que alojarse, ha indicado que, finalmente, el desalojo se ha producido y estos vecinos han tenido que abandonar el domicilio.

Los Servicios Sociales de la Diputación ya venían trabajando con la familia, que está en situación de vulnerabilidad económica y en riesgo de exclusión. En este sentido, el presidente de la institución provincial, José Entrena (PSOE), ha hecho hincapié en que "no estaba garantizado que estas personas, entre las que se encuentra una niña de cinco años, dispusieran de otro lugar para alojarse".

Entrena ha mandado un mensaje de apoyo y solidaridad a la familia, y se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del municipio, dependientes de la Diputación, para que mantengan el contacto con la familia y se pongan a su disposición.

Dando su apoyo a los posteriormente desahuciados, han estado durante la mañana los diputados provinciales de IU, Juan Francisco Arenas y Carmen Capilla, junto con la coordinadora provincial de esta formación, María Carmen Pérez, quien ha lamentado, en una nota de prensa, la "indefensión" de estas personas y que "los bancos no paran de desahuciar a familias humildes que solamente tienen una pequeña pensión".

El alcalde de Deifontes, Francisco Abril (IU), había emitido un bando llamando a sus convecinos a concentrarse en apoyo a esta familia, según informó, por su parte, el colectivo Stop Desahucios Granada 15M, que convocó una concentración este miércoles junto a la vivienda para tratar de parar el desahucio de la vivienda -propiedad de un banco tras una ejecución hipotecaria-, el cual el Juzgado de Primera Instancia 14 de Granada había ordenado para esta fecha después de que fuera paralizado por tercera vez el pasado 23 de enero.

Stop Desahucios Granada 15M también informó de que el alcalde del municipio había estado negociando con dos entidades bancarias de Granada la concesión de un préstamo de 85.000 euros a nombre de la hija mayor del matrimonio, con el objetivo de "recomprar la vivienda".

Los vecinos que han acudido al llamamiento de este colectivo no han podido acceder, a excepción de los cargos públicos acreditados, a la vivienda a primera hora de la mañana, al establecer la Guardia Civil un cordón de seguridad antes de la ejecución de la orden judicial que, finalmente, se ha llevado a cabo.