Baza y Caniles libran la batalla de las fotovoltaicas

Entre el blanco y el negro hay una enorme gama de grises y numerosos colectivos que no rechazan las renovables pero tampoco están dispuestos a que entren «como elefante en cacharrería» en sus pueblos, por más que sean la Granada vaciada. El proyecto que ha abierto la caja de los truenos es el parque Ququima, una megaplanta fotovoltaica de 200 megavatios (de las más grandes de la provincia) que se extenderá en 700 hectáreas de los municipios de Caniles y Baza en las que actualmente hay, mayoritariamente, fincas con cultivos de secano.

La compañía energética española Capital Energy invertirá 97 millones de euros en esta planta solar que tendrá 568.500 paneles. Sus planes pasan por iniciar las obras a finales de 2022. Entre las cifras que aporta la empresa para avalar las bondades del proyecto están los 425.000 megavatios hora (MWh) de energía limpia al año, equivalentes al consumo de casi 180.000 hogares andaluces que es el modelo energético por el que apuestan los gobiernos.

Además la planta generará más de 700 empleos directos durante su construcción y una vez terminada, se contratarán a 80 profesionales «de la zona» para el mantenimiento. Pero el argumento de más peso para los pueblos de la comarca es la riqueza que van a generar en territorio.

Según fuentes de Capital Energy, la instalación inyectará cada año alrededor de un millón de euros entre los impuestos que pagarán a Ayuntamientos y sobre todo, por los arrendamiento que percibirán los propietarios que cedan sus terrenos para la instalación. La empresa anuncia que «multiplicarán por diez» la renta que los propietarios y agricultores perciben por las actividades que tienen en la actualidad.

Capital Energy lleva más de un año negociando con los propietarios de las tierras y a día de hoy, cuarenta han firmado contratos de arrendamiento mientras que los 18 restantes se resisten a ceder sus fincas. La polémica estalló y tomó dimensión implicando a numerosos colectivos, más allá de los 58 propietarios de terrenos, el pasado mes de marzo con la publicación en el BOE del listado de fincas afectadas en las 700 hectáreas por las que se extenderá el parque.

El proyecto fotovoltaico ha iniciado ante el Gobierno los trámites de autorización administrativa previa para que se declare de utilidad pública, lo que ha agitado el fantasma de las expropiaciones forzosas. Los que firmaron contratos de arrendamiento temen que no se respeten y los que no quieren ceder sus fincas, tiemblan de pensar que con el amparo legal de la utilidad pública, se los lleven por delante sin más negociación.

La empresa ha tranquilizado a los propietarios y ha garantizado públicamente que no habrá expropiaciones en las más de 600 hectáreas que poseen los 58 propietarios con los que hay acuerdo. Sin embargo, la comarca se ha movilizado para presentar alegaciones en contra de esta utilidad pública (el plazo está abierto hasta el 10 de junio). Además de los detractores habituales de este tipo de proyectos, la plataforma No a las Torres, se han sumado al rechazo con alegaciones colectivos potentes por su representación como Agapro, la comunidad general de regantes que aglutina a diez mil comuneros, o la asociación de empresarios del Altiplano y la de comercio de Baza, que no son sospechosas de no querer riqueza para la zona

También la alcaldesa de Caniles, independiente, abandera un movimiento contra el parque fotovoltaico y se ha convertido en su máxima detractora mientras que los regidores de Baza y Freila, alineados con la postura del PSOE provincial, defienden la compatibilidad del proyecto energético con el desarrollo de la agricultura y el turismo de la zona norte.

El alcalde de Baza, Manuel Gavilán (PSOE) está ejerciendo de mediador y ha sentado en una misma mesa a todas las partes para abrir un proceso de diálogo y encontrar puntos de encuentro. «Esto no se reduce a fotovoltaica sí, fotovoltaica no. El Ayuntamiento de Baza dice sí a la línea 400 y a los proyectos energéticos que de ella están surgiendo y esto no sustituye las vías de desarrollo que tenemos planteadas, como las explotaciones agrícolas, el aprovechamiento máximo de los nuevos regadíos y el turismo rural y con el Geoparque. Son compatibles y es posible», defiende.

Gavilán recuerda que a día de hoy son muchos más los propietarios que han llegado a acuerdos y que percibirán una media de 1.200 euros al año por hectárea. Para una finca de cuarenta serían 50.000 euros anuales. «Esto es riqueza para estos propietarios y se queda en el territorio, no se puede minimizar este impacto», insiste el alcalde, que asegura que a la empresa no le interesa expropiar sino acordar. «No son tantas las diferencias y parece que son asumibles, de ahí la importancia de que todos juntos luchemos por nuestro territorio y las oportunidades que pueda generar», resume.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Altiplano de Granada, José Antonio Lucha, se muestra a favor de las inversiones en renovables pero totalmente en contra de las expropiaciones. «Lo que no se puede es avasallar», advierte. «Esta asociación apoya la libertad individual del empresariado, tanto el que desee alquilar como el que quiera la tierra para seguir desarrollando su actividad. No podemos consentir que vengan de fuera a enfrentarnos ofreciéndonos contratos dudosos y a imponer o cambiar por su interés el modelo productivo de nuestras comarcas», advierte el portavoz de los empresarios.

En la misma línea, el presidente de la Comunidad general de Regantes del Guadiana Menor, José Antonio Azor, se opone a que el proyecto choque con las obras de nuevos regadíos.

«No estamos en contra de la línea 400, estamos a favor, pero se tiene que respetar al regadío y a la gente que no quiere estar incluida y tiene explotaciones rentables», afirma el presidente de los regantes que también reclama «compensaciones justas», más allá de los alquileres, por ejemplo con bonos energéticos para las comunidades de regantes, de manera que se palie «la pérdida de riqueza agrícola que va a sufrir la comarca. «La zona norte-oriental ha sido históricamente la discriminada de Andalucía. Nos quitaron el tren, se hicieron los pantanos y se fue el agua para Sevilla y Almería... Estamos hartos. Por fin tenemos un proyecto para poner 8.000 hectáreas en regadío y queremos que se hagan las cosas bien y sin perjudicar a nadie», concluye.

También la organización agraria Asaja ha instado a la empresa promotora a reconvertir el proyecto, reduciendo superficies u ocupando otros terrenos que no estén en vía de mejora con su puesta en regadío y ha pedido que no se recurra a la expropiación. «Hay que frenar el boom indiscriminado de empresas e intermediarios que amedrentan a agricultores con la expropiación para que firmen contratos», señala el secretario de Asaja en Granada, Manuel del Pino.

Términos más duros incluso utiliza la alcaldesa de Caniles, María del Pilar Vázquez, del partido independiente Compromiso por Andalucía, que habla directamente de que se ha «engañado» a la gente con los contratos. «Las firmas las miras y son temblorosas», denuncia. Su ayuntamiento está «asesorando» a los vecinos para que se revisen estos contratos firmados «con procedimientos equivocados».

«No estamos en contra de los fotovoltaicas, pero sí contra estos proyectos descomunales y las formas con las que se están intentando implantar. Somos Geoparque, esto aquí no tiene cabida», advierte la alcaldesa que asegura que van a pedir autorización para cortar la A-92 con una protesta. «Mientras quede una hectárea de tierra fértil la vamos a defender y vamos a dar la batalla», advierte.