Alcaldes de pueblos pequeños de Granada, forzados a pagar una 'tasa' para tener autobús de línea
Los alcaldes entienden que es algo «ilegal» pero aseguran que no tienen otra opción mientras la Junta busca soluciones
Conectar Dehesas de Guadix (419 vecinos), Alicún de Ortega (480), Villanueva de las Torres (582) y Pedro Martínez (1.117 habitantes) con Guadix dejó de ... ser rentable hace un año y medio. La empresa que cubría estar ruta propuso a los alcaldes de estos municipios continuar con el servicio a cambio de una tasa. «No hay ningún tipo de contrato», asegura el alcalde de Villanueva, José Vallejo. Esta compañía de transportes expende cada mes una factura de 450 euros a cada uno de estos cuatro ayuntamientos que comparten ese autobús interurbano. Los viajeros también pagan el billete.
Cuenta el alcalde de Villanueva de las Torres, José Vallejo, que no vieron otra salida ya que no podían dejar a estos pueblos sin ese servicio. En el municipio había 1.500 habitantes en los años 80 y ahora poco más de 500. Ante el fenómeno de la despoblación que toca de lleno a estas localidades, los regidores reaccionaron y decidieron pagar el autobús para no dejar a sus vecinos aislados sin conexión con Guadix, cabecera de comarca, donde acuden cada vez que tienen que mover un papel y donde están los servicios médicos. «La empresa intentó aguantar pero tenía cada vez menos viajeros», expresa este alcalde, que señala que no hubo otra opción que pagar la tasa. La Delegación de Fomento de la Junta ya está sobre este tema, que viene de atrás, y baraja varias soluciones que hay que cerrar.
El alcalde de Villanueva de las Torres, José Vallejo, señala que el interventor del Ayuntamiento ya le ha dicho que este pago por parte del Consistorio a la empresa de autobuses «no es legal» porque la competencia del transporte interurbano es de la Junta de Andalucía. Otros pueblos pequeños, por ejemplo, de la Alpujarra se enfrentan también a esta pérdida de conexión por bus con las cabeceras de comarca.
«Cuando nos obliguen a hacer un reparo para pagar, ya estaremos en peores condiciones», señala este regidor. Una opinión que refuerza el alcalde de Alicún de Ortega, Rafael Marín, que tampoco quiere tener que llegar a esa forma de pago que le comprometería más. «Nos gastamos en autobús más de 5.000 euros al año que tenemos que quitar de otro lado pero todo sea por luchar contra la despoblación», expresa el regidor de Alicún.
En busca de solución
José Vallejo explica que otros municipios como Benamaurel o Fonelas han resuelto este mismo problema desviando la ruta por pueblos más rentables pero que ellos no tienen esa posibilidad. Pueblos como Gor y Gorafe sí se enfrentan ahora a esta falta de transporte, según indica este alcalde. «El servicio cesó con el gobierno del PSOE en la Junta, nos pillaron las elecciones de por medio y ahora estamos buscando una solución con reuniones en la Delegación de Fomento», anota este alcalde. La secretaria del política municipal del PSOE, Olga Manzano, apunta que la única administración que tiene la competencia del transporte interurbano es la Junta de Andalucía y que no deberían ser los ayuntamientos los que estuviesen abonando ese servicio a la empresa, como pasa con estos cuatro pueblos cercanos a Guadix. «Estamos a la espera de que la Junta asuma esta responsabilidad y solucione los problemas de conexión de los municipios pequeños de Granada», reivindica Manzano.
Los regidores de estos pueblos ya se han reunido con el delegado de Fomento de la Junta, Antonio Granados, en busca de una salida airosa y tienen pendiente otro encuentro pronto. «Las líneas son concesiones administrativas y están todas caducadas (las de Granada). Algunas desde 2012. Renovarlas es algo complicado que exige un estudio pormenorizado», anota Granados, que indica que cuando se adjudiquen sí se podrán hacer lotes para que una misma empresa realice rutas rentables junto a otras que no compensen económicamente pero que sean necesarias. El delegado de Fomento apunta que las soluciones que hay ahora sobre la mesa pasan por un taxi a demanda, que controlen los ayuntamientos y que pague la Junta, con trayectos tasados y horarios. La otra depende también de Educación, pues sería compartir el bus escolar que está controlado por un monitor y en el que se dividiría el espacio para alumnos y vecinos.
«Sabemos que tenemos un problema con los autobuses interurbanos pero sacar las concesiones es algo muy complejo y para lo que se necesita mucho presupuesto. Hay pueblos con los vehículos con los autobuses viejos y estamos trabajando para mejorar el servicio en los municipios», señala el delegado de Fomento.
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