Las «anomalías» que destapó la comisión de cuentas en Cogollos de Guadix

En marzo, la constitución de una comisión de cuentas puso en evidencia estas posibles irregularidades que ahora escruta la unidad de policía judicial del Instituto Armado. Dos concejales de las agrupaciones municipales de Cs y PSOE del Ayuntamiento denunciaron con esta información de nuevo a Eduardo Martos (PP), que es alcalde de Cogollos de Guadix desde hace dos décadas. En el marco de otra causa, el político, también diputado provincial de Emergencias, está a la espera de juicio en la Audiencia Provincial por presunto fraude electoral.

La intervención municipal alerta de que en 2021 se encontraron pagos duplicados en cuentas de los que se debía solicitar su devolución por un importe de 1.184 euros, mientras que se dejaron de justificar gastos por valor de 47.500 euros. Del mismo modo, se hallaron «duplicados realizados en el ejercicio 2022 y que no consta que se hayan devuelto en dicho ejercicio». En total el montante asciende a 3.011,05 euros y se les debe requerir para que se proceda a su devolución en el caso que aún no se hayan hecho. Adicionalmente, la interventora evidencia pagos efectuados por un importe total de 54.533,15 euros en los que no hay soporte documental de los mismos.

Por último, en 2023, siempre de acuerdo con la intervención municipal, se efectuaron pagos por un importe total de 17.367,19 euros en los que tampoco hay justificación alguna. Una situación que «no se debe de producir puesto que cada operación de gasto conlleva la tramitación de un expediente administrativo y necesita de una fiscalización por parte de la Secretaría-Intervención», advierte el documento en poder de este medio. Además, existen pagos duplicados de más de 800 euros en las cuentas de los que se debía solicitar devolución.

La secretaría municipal destaca además que Cogollos de Guadix, que tiene cerca de 600 habitantes, prorroga desde 2017 el mismo presupuesto, lo que ha sido «la tónica general» y genera «una problemática contable» porque no ha habido una correcta previsión de gastos e ingresos y se ha superado anualidad tras anualidad los gastos consignados.

El presupuesto municipal ronda el millón de euros. Pero algunos años los pagos pendientes al final del ejercicio superaban los 1,2 millones. La cantidad que reclama la intervención es una décima parte del gasto municipal cada año. A juicio de los diversos informes de intervención remitidos a las autoridades, el remanente de tesorería, la cantidad de dinero que queda disponible después de que la entidad pague gastos e inversiones «es ficticio».

El servicio de intervención hace hincapié en la necesidad de efectuar «un riguroso cumplimiento de la normativa de la contratación pública». La secretaria municipal destaca en los tres informes, que corresponden a los ejercicios de 2021 a 2023, que las contrataciones que se realizan en el Ayuntamiento no se comunican y «no es hasta que llega la nómina para su fiscalización cuando se conocen las contrataciones».

Se da la circunstancia de que desde 2023 por la localidad han pasado tres secretarios distintos. Uno de ellos, ya jubilado, recibió el nombramiento en el año 1996. La última secretaria municipal que dejó en evidencia las cuentas en la comisión económica ha prestado ya declaración a la Guardia Civil y ratificó lo que se desprende de los informes, según ha podido saber este medio por fuentes locales.

El primer edil y diputado de Emergencias, Eduardo Martos, manifiesta a preguntas de IDEAL que aunque fue citado el miércoles ante la Guardia Civil rechazó prestar declaración hasta obtener más información sobre la investigación en curso. Según la propia versión del investigado, ya ha adjuntado debidamente justificación para cerca de 100.000 euros de gasto municipal, mientras que está pendiente hacer lo propio con otros 20.000.

Por otra parte, cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix acordó en abril de este año la apertura de juicio oral contra Martos por la presunta comisión de delitos de infracción de trámites de voto por correo y de prevaricación. Para estos hechos, que tendrá que juzgar la Audiencia, la acusación popular solicita seis años de prisión, además de la inhabilitación por estas supuestas irregularidades en el voto. Sin embargo, la fiscalía pidió el sobreseimiento.