La vida después de la patada en la puerta

El problema estaba latente desde hace cinco o seis años. Pero ahora, asociado en parte a la campaña para erradicar los enganches ilegales, se está haciendo también patente. Patricia tiene 26 años. Vive en Cijuela, un municipio del Área Metropolitana donde se calcula que hay unas veinticinco ocupaciones de casas que, tras diferentes procesos judiciales de embargo, acabaron en propiedad de los bancos. Patricia es una de esas ocupas. «Yo no puedo pagar los quinientos euros que piden por un arrendamiento en Cijuela», lamenta.«Pero sí puedo abonar los 150 de un alquiler social, como le propuse a la entidad financiera que se quedó con esta promoción», refiere Patricia, quien tampoco tiene electricidad. Endesa desmanteló la acometida. No era legal. «Nos alumbramos con velas y el agua la traigo desde casa de mi hermana en garrafas de cincuenta litros». «Yo también quiero pagar la luz, pero no me dejan hacer un contrato por la situación en la que nos encontramos», refiere.

Según Patricia, la mayoría de las personas que se han metido en propiedades ajenas de Cijuela «lo han hecho porque están necesitadas, porque tienen hijos y porque no alcanzan los ingresos mínimos», desmarcándose de esta forma de la conflictividad que se ha vivido meses atrás en dos bloques donde las fuerzas del orden sí tuvieron que intervenir el año pasado y donde la Guardia Civil se incautó de 880 plantas de marihuana.

Patricia considera que el Ayuntamiento debe «tomar el toro por los cuernos» y negociar soluciones con los responsables bancarios como que oferten todos estos inmuebles, que en algunos casos llevan casi diez años cerrados y sin estrenar, bajo la fórmula de alquiler social. También tiene otra petición para el Consistorio y para todas las administraciones en general. Que apoyen para que se cree industria en Cijuela. Empresas que generen empleo. «Yo tengo dos manos y muchas ganas de trabajar;donde haga falta; en lo que haga falta», apunta Patricia, con experiencia en las tareas del campo, en los hoteles y en una lavandería. «Somos una generación que queremos tener futuro y conformar un proyecto de vida», resume.

Asunto muy delicado

El Ayuntamiento de Cijuela es perfectamente consciente de que se trata de un asunto muy delicado. Donde se precisa contundencia en algunos casos y mano izquierda en otros. Contundencia con los que entran en las viviendas con el ánimo destrozarlas y mano izquierda con los que lo hacen arrastrados por la precariedad. «En la época del boom se construyó mucho en Cijuela, un pueblo que está cerca de Granada y tiene muy buenas comunicaciones; se compraba y se vendía, pero vinieron las dificultades, el mercado se vino abajo y varias promociones terminaron en manos de los bancos», comentaba la alcaldesa en funciones de Cijuela, Amparo Serrano, cuando se hizo este reportaje. «Hay muchos vecinos que por circunstancias de la vida lo están pasando mal», reconoce la primer edil eventual, quien añade que ella misma ha mantenido reuniones con representantes de la Cara Rural, BMN y Caja Sur con el fin de alcanzar acuerdos para que ofrezcan el parque inmobiliario que han heredado en Cijuela como alquiler social. «También disponemos de una partida, en colaboración con la Diputación, para atender necesidades puntuales como el abono de algún recibo, aunque la condición es que tengan sus viviendas en regla», apunta Amparo Serrano.

La regidora cijueleña insiste en que el Ayuntamiento no está detrás de los cortes de suministro que se están produciendo, sino que se limita a actuar según los procedimientos que marca la ley. La Policía Local constata que se trata de una ocupación y pone en aviso a los dueños, que son quienes deciden las acciones que se deben llevar a cabo denuncias, comunicación a las compañías proveedoras de servicios básicos.... «Nosotros no somos quienes decidimos sobre algo que no es de nuestra competencia», reitera Amparo Serrano, quien añade que en las últimas semanas es frecuente la visita de inspectores de Endesa para supervisar que no se producen usos fraudulentos de la red.

Respecto a la disponibilidad de viviendas sociales por parte del Ayuntamiento, Serrano manifiesta que existen unas veinte en la plaza de la iglesia, cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, que fueron adjudicadas en su momento como alquileres sociales, «aunque ahora se está ofreciendo también la opción de compra».