Rechazan que la Administración indemnice a Frai con 20 millones por la urbanización Novosur

Frai proyectó una macroubranización con 23 bloques y 1.200 viviendas al borde de la autovía y en línea recta con la pista de aterrizaje de la base militar sin tener en cuenta las servidumbres, lo que finalmente obligó a la promotora a modificar parte del residencial, recortando la altura de una decena de edificios.

La promotora tasó el daño patrimonial causado en 19,9 millones de euros y alegó que no fue informada por el Ayuntamiento de esta afección, sino que la conoció cuando inició las obras al amparo de las licencias que le fueron concedidas con participación de municipio, de la Junta y del Estado.

No obstante, en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA rechaza los argumentos de la promotora, alegando que si tuvo que afrontar un mayor coste de las obras no fue por un incumplimiento municipal, sino porque "sabiendo" el promotor que "estaba limitado en sus pretensiones de construcción y urbanización, prefirió continuar adelante, sin considerar las limitaciones legales existentes".

Frai no "opuso nada" a las condiciones impuestas por el Ministerio de Defensa para poder ejecutar la macrourbanización y entiende la Sala que, como otras empresas del sector que se "embarcan" en la construcción de miles de viviendas, debía conocer "por fuerza" que "el proceso urbanizador está sometido a numerosas limitaciones", "sin que la licencia municipal sea siempre y en todo caso la única garantía de la legalidad de la obra que se pretende".

Por todo ello, el TSJA ha desestimado el recurso de Frai contra la sentencia que en este mismo sentido ha dictado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Granada y ha confirmado el fallo.

La operación urbanística por la que se concedieron las licencias del residencial Novosur es uno de los asuntos que se investigan en el llamado caso Marchelo, en el que están investigadas una quincena de personas, entre ellas el alcalde del municipio en aquel momento, José Guerrero (PP), y otros dos ediles de su equipo de gobierno, el arquitecto municipal y varios empresarios, incluido el promotor de la urbanización Novosur.

En este caso, que acumula una década de instrucción, se investiga el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del exalcalde y el parque municipal-mercadillo del municipio.

Aunque se llegó a cerrar la instrucción en un primer momento, la Audiencia de Granada revocó parcialmente, a mediados de 2012, el auto de procedimiento abreviado tras las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Alhendín y actualmente la causa, que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe (Granada) se encuentra pendiente de varios informes periciales.