El Supremo acorrala a trece localidades por sus vertidos de aguas residuales

Un técnico recoge una muestra de agua contaminada en una acequia de la Vega./
Un técnico recoge una muestra de agua contaminada en una acequia de la Vega.

Una cadena de sentencias les deniega la autorización para evacuar sin control sus aguas fecales, pero los municipios siguen haciéndolo porque carecen de canalizaciones

INMA SÁNCHEZ ORTEGA

Para el profano en la materia, una sentencia del orden contencioso-administrativo es tan oscura como una incógnita metida dentro de un jeroglífico. Aunque lo que se ventila en esa jurisdicción son asuntos de indudable interés público, suele ser complicado entender la conclusión última de los fallos. Pero también hay ocasiones en las que -a pesar de su intrincado lenguaje- las resoluciones contencioso-administrativas se explican discretamente bien, pero lo que no se comprende son las situaciones que ponen de manifiesto. En este sentido, el Tribunal Supremo ha dictado ocho sentencias que afectan a otras tantas poblaciones de la provincia de Granada y que anulan la autorización que tenían los ayuntamientos para verter sus aguas residuales sin control.

Las localidades a las que, hasta la fecha, se ha dirigido el Alto Tribunal español son las siguientes: Güevéjar, La Zubia, Churriana de la Vega, Colomera, Peligros, Jun, Cúllar Vega Ogíjares, Víznar, Cijuela, Fuentevaqueros, Vegas del Genil y Atarfe.

Como quiera que el permiso en cuestión databa de octubre de 1987, esto es, que era de hace ¡29 años! -aunque su denominación oficial incluía el adjetivo 'provisional', lo cual no deja de ser un sarcasmo-, quizá cabría esperar que los municipios dispusieran ya de las infraestructuras para canalizar sus aguas fecales, pero no es así. Según las fuentes consultadas por IDEAL, hay algunos que las han desarrollado en un 60% y otras que ni siquiera han empezado. Los representantes legales de los pueblos alegaron en su descargo que, en última instancia, era la Junta de Andalucía la que debería haber llevado a cabo las obras, pero el Supremo rechaza la 'excusa', aunque no excluye la posibilidad de pidan responsabilidades a la administración autonómica. Pero eso ya sería un harina de otro costal. «Lo que no ha presentado el Ayuntamiento, debiendo hacerlo (...) es el proyecto suscrito por un técnico competente de las obras e instalaciones de depuración o eliminación que, en su caso, fueran necesarias para que el grado de depuración sea el adecuado para la consecución de los valores límite de emisión del vertido (...)», lo que no impide -agregan las sentencias, que no admiten recurso- que los municipios, o las mancomunidades en las que se agrupan, insten a «la Junta de Andalucía el cumplimiento» de la «obligación» y que «reaccione contra la eventual desatención por los cauces procesales correspondientes, pero esta cuestión no constituye el objeto del recurso-administrativo».

Los antecedentes

Este pleito múltiple se inicio cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir denegó en 2008 a las poblaciones afectadas «la revisión de la autorización de vertido de aguas residuales procedentes del núcleo urbano», por lo que el permiso quedó automáticamente derogado.

Los ayuntamientos recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en 2014 dio la razón a la Confederación. Los consistorios acudieron entonces al Tribunal Supremo, que ahora ha vuelto a rechazar sus planteamientos. Y de forma definitiva.

Las reacciones

El alcalde de La Zubia, Antonio Molina, una de las poblaciones que pleiteó aseguró a este periódico que ellos están trabajando en la depuración de la totalidad de sus aguas residuales. Según sus cálculos, ya lo hace con algo más del 60% de sus vertidos gracias a la construcción de un colector que pasa por debajo de la carretera. Lo que queda por hacer, él entendía que era competencia de la Junta de Andalucía. «Exigirnos más sería injusto, porque La Zubia ha hecho su trabajo».

Por su parte, el regidor de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, indicó que su municipio, al igual que otros del entorno, no depuran ni un litro de sus aguas fecales.

Narváez, que conoció la sentencia del Supremo sobre su pueblo al facilitársela IDEAL, explicó que en una reunión mantenida en octubre del año pasado con la delegada de Medio Ambiente de la Junta, Inmaculada Oria, esta le comunicó la intención del gobierno andaluz de acelerar los trámites administrativos de exposición pública para acelerar el procedimiento.

El alcalde de Churriana recordó también que sólo dos municipios depuran en su totalidad las aguas residuales: Granada y Huétor Vega.

Por lo demás, Narváez mostró su compromiso para «desbloquear» la situación, aunque lamento que, junto a buen número de ayuntamientos, se encuentran «en un limbo, atados de pies y manos» y que no saben cómo actuar.

Al respecto, explicó que, al desconocer las intenciones de la Junta, no sabe qué terrenos deben expropiar o ceder, en el caso de que fueran de titularidad pública y tampoco pueden prever las partidas en sus presupuestos.

Sea como fuere, aclaró que Churriana ha cumplido con la parte que le correspondía, al haberse sumado al consorcio para gestionar los trabajos y, en esa misma línea, los técnicos ya han determinado los puntos de los vertidos.