Piden ocho años de inhabilitación para el exalcalde de Santa Fe por la concesión irregular de la grúa

Así consta en el escrito de acusación en el que refleja que cada uno de los encausados es presunto autor de dos delitos contra la administración pública, uno en su modalidad de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público y otro de fraude y exacciones ilegales en la gestión del Consorcio de la Vega Sierra Elvira.

Los hechos se remontan al 15 de marzo del 2010, cuando los dos acusados, con la pretensión de "enriquecerse ilícitamente" y "favoreciendo" a terceros a costa de recursos y fondos públicos, se valieron de las facultades de presidente y secretario del consorcio en el procedimiento de la supuesta licitación negociada y sin publicidad de la adjudicación del servicio de retirada de vehículos.

El importe total era de 60.000 euros en dos años, resultando adjudicataria la mercantil 'Bueno Mar Sociedad Limitada' que, al no hallarse inscrita registral ni tributariamente y, cuando las irregularidades de la concesión fueron denunciadas, hubo de renunciar a tal adjudicación.

No obstante, ambos acusados persistieron en los mismos ilícitos "propósitos originarios" y promovieron de nuevo una nueva adjudicación del servicio con la duración de un año por importe de 50.000 euros, al que concurrieron tres empresas más y de nuevo 'Bueno Mar SL', que recibió la adjudicación definitiva.

Por todo ello esta sociedad recibió durante un año hasta 49.560 euros en pagos del consorcio después de desoír los acusados "desdeñosamente" los reparos opuestos frente a la "ilícita adjudicación".

Además, el Fiscal recuerda que existía una "evidente carencia" de otros requisitos previamente establecidos en el pliego de condiciones, tales como que entre el primer y segundo anuncio el servicio a licitar incrementara su cuantía en casi el doble; que la adjudicataria era la homónima de una empresa de abogados y carecía de la requerida dedicación y que para llevarlo tuvo que subcontratar con una supuesta competidora.

Del mismo modo, otro de los reparos era el hecho de que la oferta alternativa concurrente, pero finalmente desestimada, lo era "a coste cero" y en condiciones de "gratuidad" al conllevar los desguaces anexos y su potencial adjudicación no hubiera supuesto coste alguno al erario público.

Por todo ello, el Ministerio Público considera que procede imponer una condena de ocho años de inhabilitación especial para cada acusado por la presunta comisión de un delito contra la administración pública por prevaricación administrativa perpetrado por funcionario público.

Además, también solicita otros ocho años de inhabilitación absoluta y dos años de prisión por el delito de fraudes y exacciones ilegales para un juicio cuya vista oral se celebrará los días 19 y 20 de enero en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada.