La defensa de la Vega se reivindica en las I Jornadas Federación Intervegas

La Diputación de Granada ha informado, en un comunicado, de que en el encuentro ha nacido un acuerdo por el que los firmantes --procedentes de diferentes lugares de España-- trabajarán para impulsar la recuperación de espacios agrarios de alto valor cultural, evitar el deterioro y desnaturalización a los que se encuentran sometidos, y promover su papel como soporte de la identidad patrimonial y fuente de riqueza y empleo.

El presidente de la Diputación, José Entrena, se ha referido a ellos como espacios naturales que "necesitan adecuar su protección al momento actual, con una definición nítida de los usos del suelo y del modelo de movilidad, para aprovechar su potencial desde una perspectiva agraria, turística, cultural y medioambiental", lo que se va a alcanzar a partir "del diálogo entre las instituciones, y también la participación activa de la ciudadanía".

En ese sentido, Entrena ha señalado a la plataforma 'Salvemos la Vega' como ejemplo de "un nuevo concepto de participación ciudadana, por el que grupos y personas decidieron pasar de la crítica pasiva a la acción colectiva".

Y es que en la Vega de Granada "confluyen intereses diversos y en algunos casos contrapuestos, pero esta plataforma fue capaz de unir a un número considerable de colectivos, sindicatos y partidos políticos para firmar un documento de mínimos, el Pacto por la Vega", ha comentado.

En ese documento se recogían propuestas como la adaptación normativa para proteger el uso agrario del suelo, la dinamización de la agricultura y la ganadería, el reconocimiento de los trabajadores agrícolas, mejoras en el ciclo integral del agua, movilidad sostenible, medidas para la sensibilización y valoración de la vega por parte de la población, recuperación de ríos, acequias y bienes patrimoniales, o turismo rural.

Estas iniciativas "con vigencia" la Diputación las comparte porque "el desarrollo de Granada no puede cimentarse en la especulación que hemos vivido en los años de la burbuja inmobiliaria, sino que debe ser sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental" ha apuntado Entrena.

En ese marco el presidente de la Diputación se ha comprometido a "utilizar las herramientas de las que dispone para impulsar el desarrollo sostenible de la Vega y buscar la complicidad, para ese propósito, de los ayuntamientos y de los agentes sociales y económicos de cada municipio".

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, ha explicado que la Junta está trabajando en el Plan Especial de Ordenación de la Vega "para hacer compatible el uso público con la preservación de sus valores agrícolas, culturales y ambientales".

Para la elaboración de ese texto, según ha informado, "se ha iniciado un cauce de diálogo y de participación desde el primer momento". El plan autonómico incluirá, según ha destacado García, un programa de actuaciones para recuperar los usos y costumbres, senderos, carril-bici, entre otras actividades.

Por otro lado, desde la plataforma 'Salvemos la Vega-Vega Educa', organizadora del encuentro, Javier Alonso, ha afirmado que "es necesario un plan de dinamización para la Vega, que incluya un plan de comercio, un plan de turismo, o una potente industria agroalimentaria".

"Hay muchas cosas por hacer", ha subrayado, "pero lo más urgente es dejar claro que la Vega no está para agredirla ni para destruirla".

También han acudido al acto la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, y la edil del Ayuntamiento de Granada, Telesfora Ruiz, además de miembros de asociaciones y organizaciones ecologistas de Granada y el conjunto de España.

Las I Jornadas Intervegas, donde se han dado cita unas 200 personas, entre técnicos, alcaldes y representantes de instituciones, organismos públicos y privados, y asociaciones procedentes de todo el territorio nacional, se trasladan al Hotel Daravenaz (Cortijo de la Marquesa) este sábado.

De esas jornadas ha nacido el planteamiento de un pacto que surge de la necesidad de proteger, planificar, desarrollar y gestionar los Territorios Agrarios del Estado. Entre sus pretensiones figura el recabar de las administraciones públicas la adopción de políticas en la consolidación de la actividad agraria, además del reconocimiento profesional y social de quienes la hacen posible: agricultores, investigadores y técnicos agrarios.