El último trámite de la Junta para abrir las minas de Alquife acumula 5 meses de retraso

Han pasado cinco meses completos y ese documento no ha sido aún rematado. En cuanto ello ocurra, será remitido a Sevilla para que a su vez sea rubricado por algún alto cargo de la Junta de Andalucía o por quien sustituya a la anterior responsable de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, recientemente cesada del cargo tras ser imputada por la adjudicación del yacimiento de Aznalcóllar. Nadie ha cubierto su plaza, a la espera de que la alta funcionaria aclare las dudas que la jueza de instrucción expresa en su auto y pueda quedar exculpada.

¿Qué ha ocurrido durante este tiempo? El nuevo delegado territorial de Economía, Juan José Martín Arcos, explicaba este miércoles a este periódico que las razones de este retraso hay que achacárselas al parón impuesto por las elecciones autonómicas del pasado mes de marzo, que implicó una cascada de nombramientos que se sucedieron a lo largo de las siguientes semanas y meses y que, como en su caso, imposibilitaron retomar el expediente donde lo dejó su antecesor, José Antonio Aparicio.

«Yo desde que entré en esta delegación lo tengo claro: este expediente es prioritario, pero lo he cogido con cierta prevención, porque hay que mirarlo todo con lupa», afirma para acto seguido matizar que «no queremos que las prisas o las ganas de abrir las minas de Alquife, porque se necesitan para crear empleo en todas esas comarcas del norte de la provincia, nos lleve a cometer errores».

Martín Arcos rechaza «por completo» las acusaciones vertidas por el PP de Granada, cuya vicesecretaria y parlamentaria andaluza, Marifrán Carazo, llegó a vincular días pasados el parón del expediente por el escándalo del 'caso Aznalcóllar'. «No tiene nada que ver», sentencia.

Plazos

Pero las palabras del nuevo delegado territorial de Economía chocan con los plazos. El informe sobre la transmisión de los derechos mineros a Minas de Alquife S.L.U. debe estar en poder de la empresa antes del próximo 26 de septiembre, porque en caso contrario tendría que iniciar de nuevo todo el procedimiento administrativo que hasta la fecha ha costado un buen número de años sacarlo adelante.

Una situación que fuentes de la propia empresa han descartado en diferentes ocasiones a este periódico, después de llevar invertido en el proyecto más de una treintena de millones de euros y con unas expectativas de llegar a una cantidad de unos 250, que es la que han calculado necesita el proyecto de reactivación de Alquife.

Martín Arcos es consciente de que el tiempo aprieta. En apenas un mes vence el plazo. «Jugamos con esa fecha, por lo que antes de que llegue tiene que estar remitido el documento a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo para su firma y envío a la empresa», aclara el responsable político.

Hay que tomar en consideración que dentro de este espacio de tiempo, la vigente Ley de Minas establece un plazo de alegaciones de diez días y una vez que estas sean estudiadas y contestadas -solamente en el caso de que se materializasen- se procedería a la rúbrica del documento y su entrega a la empresa minera. Demasiados trámites para tan corto espacio de tiempo, a todas luces vista. «La Ley de Minas es tajante con el procedimiento; es el que vamos a seguir», añade sin embargo el responsable de la Junta.

Desde la empresa

Juan Ramón García Secades, presidente de la empresa Minas de Alquife S. L. U., -la sociedad instrumental con la que el holding holandés lleva a cabo su proyecto para la extracción de hierro en la comarca del Marquesado del Zenete- no percibe del mismo modo la gravedad del problema de no contar aún con los derechos mineros. En declaraciones a este periódico, manifiesta que la resolución se ha dilatado no solo por el parón administrativo que supusieron los comicios autonómicos de marzo pasado. También por la subsanación de errores en un expediente que califica de «muy complejo».

Sobre el hecho de que quede apenas un mes para que la Junta haya resuelto no sólo la transmisión de los derechos sino también la agrupación de los mismos en uno solo en favor de su empresa y la concesión de la explotación por 30 años más, prorrogables hasta 90, considera que no debe considerarse como un plazo perentorio. «El expediente, en estos momentos, está listo para sentencia. Es un problema de días, como mucho de semanas, por lo que pensamos que la Junta no agotará el plazo», afirma convencido. Añade que ha mantenido una reunión este mismo mes de agosto con altos cargos de la Consejería de Economía y que la situación no está bloqueada en modo alguno.

Lo que sí le preocupa al máximo responsable de la empresa minera son las turbulencias bursátiles que ha provocado China con la devaluación del yuan, la caída del precio del petróleo y del valor en los mercados de minerales como el hierro. En estos momentos, el valor de una tonelada alcanza los 53 dólares cuando hace tan sólo un año superaba los 120. «Este es el verdadero problema para nosotros, porque puede provocar que le tiemblen las piernas a más de uno de nuestros accionistas», agrega. En cualquier caso, confía en que un proyecto a 25 años vista no esté afectado.